Marcelo Cosiansi y Rubén Flores, los abogados que representan a Felipe «El Militar» Sosa, imputado por el homicidio de Érika Antonella Álvarez, afirmaron que el episodio ocurrió en medio de un clima de descontrol y confusión, cuya secuencia precisa todavía debe ser establecida por la investigación. Advirtieron que omitir este marco podría llevar a interpretaciones erróneas o prematuras.
Los letrados, mediante un comunicado dirigido a este medio, decidieron hacer una declaración pública tras un período de reserva, al considerar «imprescindible realizar una precisión frente a la gran cantidad de informaciones que se difunden, varias de ellas sin fundamento y notablemente influenciadas por el escándalo periodístico».
«No se discute que el hecho bajo investigación tuvo lugar en la vivienda de Felipe Sosa y que la joven estuvo presente en ese lugar. Este dato nunca fue ocultado ni cuestionado por la defensa. La pesquisa deberá progresar para establecer con exactitud cómo se sucedieron los eventos, labor que compete únicamente al Ministerio Público y al Poder Judicial», agregaron los defensores.
En el texto, Cosiansi y Flores manifestaron: «Los comportamientos posteriores al suceso -evidentemente desordenados, irregulares y ajenos a cualquier supuesto de premeditación- refuerzan ese panorama general. Nada de lo ocurrido después avala la idea de una acción racional, calculada o destinada a evadir de forma deliberada la acción de la Justicia».
«El objetivo principal de esta defensa no es imponer veredictos ni competir por espacios en los medios, sino asegurar una investigación objetiva, libre de influencias externas, y restablecer la salud de Felipe Sosa, para que pueda hacer uso pleno de su derecho a defenderse y, eventualmente, contribuir con todo lo que sea relevante para aclarar lo sucedido», añadieron.
Los abogados también se refirieron al desarrollo del caso: «La investigación seguirá su curso. Las diligencias probatorias deben llevarse a cabo con el rigor técnico que la causa demanda. Esta defensa acompañará ese proceso, exigiendo objetividad, respeto por las garantías constitucionales y un tratamiento serio del estado de salud del imputado».