La Justicia dispuso tres meses de prisión preventiva para Justina Gordillo (48), quien fue detenida en el marco de la investigación por el asesinato de Erika Álvarez, ocurrido en una casa de la calle Santo Domingo al 1.100. La imputada fue acusada de encubrimiento personal y real doblemente agravado, pero no se le atribuye participación directa en el homicidio.
La medida fue decretada este lunes por el juez Bernardo L’Erario Babot, quien aceptó los planteos del Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Pedro Gallo, con el apoyo del querellante Carlos Garmendia.
De qué acusan a Justina Gordillo
Durante la audiencia, el fiscal Gallo argumentó que Gordillo habría participado activamente en ocultar el crimen, señalándola por:
haber colaborado en esconder el cuerpo de la víctima,
haber eliminado o destruido el teléfono celular de Erika Álvarez,
y haber ayudado a su pareja, Felipe Sosa, a fugarse después del hecho.
La acusación se formuló bajo las figuras de encubrimiento personal y real, agravadas tanto por la gravedad del delito principal como por la condición de funcionaria pública de la imputada, ya que Gordillo trabaja como empleada judicial en la Corte Suprema de Justicia.
La postura de la defensa y la decisión del juez
La defensa, a cargo de los abogados Camilo Atim y María Florencia Abdala, se opuso al pedido de prisión preventiva. De manera subsidiaria, solicitó que, en caso de dictarse la medida, se aplicara bajo la modalidad de arresto domiciliario.
Sin embargo, el juez L’Erario Babot rechazó los argumentos de la defensa y resolvió decretar la prisión preventiva efectiva por un plazo de tres meses, tal como lo había requerido el Ministerio Público.
No está imputada por el homicidio
Fuentes de la investigación aclararon que Justina Gordillo no está acusada de haber intervenido directamente en el crimen. Según la hipótesis que maneja el equipo de Homicidios —encabezado por los comisarios Susana Montero, Diego Bernachi y Miguel Carabajal—, existen dos elementos centrales que, por ahora, la excluyen como autora del asesinato.
Por un lado, habría sido una de las primeras personas en abandonar el domicilio donde ocurrió el hecho. Por otro, los investigadores consideran que su contextura física no le habría permitido reducir ni dar muerte a Erika Álvarez, quien la superaba en tamaño.
No obstante, las hermanas de la víctima afirmaron que Gordillo había insultado a Erika en redes sociales, lo que reforzó las sospechas en su contra en el plano del encubrimiento.
El encuentro previo y los sospechosos no identificados
La investigación sostiene que, antes del crimen, en la vivienda de Santo Domingo al 1.100 se habría producido un encuentro sexual grupal, del que participaron Felipe Sosa, Erika Álvarez, Justina Gordillo y al menos uno o dos hombres más, que aún no fueron identificados.
En la causa también aparece mencionada otra persona cuya identidad se mantiene en reserva, presuntamente muy cercana a Sosa y propietaria del departamento que este alquilaba. Según consta en el expediente, ese individuo podría haber estado presente durante y después del crimen. Si bien la Policía habría solicitado su detención, el pedido no fue avalado por el Ministerio Público.
“Sabe más de lo que dice”, resumió un investigador.
Además, los pesquisas buscan identificar entre tres y cuatro personas más. Una de ellas habría participado del encuentro previo, mientras que otras podrían haber colaborado en el traslado del cuerpo. No se descarta que estos últimos sean empleados del Grupo Sosa, la empresa de seguridad de la que el acusado era socio gerente.
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La víctima
Érika estudiaba enfermería y atravesaba una fuerte adicción. Según la pesquisa, participaba en reuniones donde se facilitaban drogas y sexo grupal. Fue asesinada a golpes en una vivienda de Yerba Buena, inmovilizada con una técnica de estrangulamiento, atada y descartada en un basural de Manantial Sur.
El imputado: Felipe “El Militar” Sosa
Es el único acusado hasta ahora. Exmilitar, con paso por el Colegio Militar y la Legión Extranjera francesa, luego fundó una empresa de seguridad privada. Fue detenido en Buenos Aires cuando intentaba salir del país. Admitió que se reunía con Érika para consumir drogas. Tiene antecedentes por violencia de género y una causa por marihuana, ambas cerradas con sobreseimientos.
La sombra narco: “El Mayor”
C. F. B., ciudadano paraguayo, es señalado como líder de una organización narco dedicada al tráfico aéreo de marihuana. Mantenía económicamente a Érika y había sido detenido en 2021 por un cargamento de 1.200 kilos. Para los investigadores, resulta clave determinar qué grado de conocimiento tuvo sobre el crimen.