Felipe Sosa había sido sobreseído impunemente, con todas las pruebas en su contra, y la denunciante, su ex-mujer, realizó un desesperado descargo ante la Justicia que había tomado esa decisión. En ese alegato advirtió: “No sé qué es lo que están esperando que pase”. Sin querer, la madre de los hijos de Sosa anticipaba con esas palabras el brutal crimen de Erika Antonella Álvarez. Pero hicieron oídos sordos y fueron, en gran medida, cómplices —por omisión, negligencia o lo que sea— del peor desenlace.
La mujer había denunciado a “El Militar” por violencia de género y, en una inspección a su vivienda por esa causa, se encontró una monstruosa plantación de marihuana. Se decretó su detención domiciliaria ante la inmensa cantidad de pruebas de sus actos, pero aun así él iba a quedar impune, libre y con la posesión de todas las plantas que habían sido secuestradas.
Las denuncias incluían violencia ejercida por Sosa contra la mujer, su propia hija y la familia de ella. Un hombre de probada “conducta violenta”, que poseía una gran cantidad de “armas de fuego” y del que su propia madre decía que “le faltaba un tornillo”.
Desesperada por el sobreseimiento de Felipe Sosa pese a las pruebas en su contra, su ex esposa les preguntó en la cara a fiscales y jueces: «Qué es lo que están esperando que pase» para actuar. El crimen de Erika Antonella Alvarez pudo evitarse. Este es el audio. pic.twitter.com/zHLLs27S0c
— Germán Gehache (@desalienado) January 31, 2026
Esta es la transcripción exacta de su exposición:
“Quiero manifestar que lamento profundamente la posición del Ministerio Público Fiscal de acompañar y apoyar el pedido de sobreseimiento del señor Sosa. Yo he tenido que dar y he recorrido cada paso en este proceso con todas las pruebas y siempre hablando con la verdad. Yo no estoy acá ni por revancha ni por venganza, sino por justicia. Lo que yo he vivido ese día no ha sido un hecho aislado. No fue una discusión de pareja, una pelea doméstica. Eso es violencia, acá y en todo el mundo. Y ese día, una semana antes, había pasado un hecho de violencia gravísima hacia mi hija, que la denuncié en la OVD, y que después el señor Sosa amenazó a toda mi familia y a mi hermano, por lo cual también está denunciado penalmente en otra causa. Hay dos causas más contra este señor por el comportamiento y la conducta violenta que tiene permanentemente. Él se dice llamar el profesional de la violencia. Su propia madre dice que le falta un tornillo. El señor consume sustancias, tiene armas de fuego. O sea, yo no sé qué es lo que están esperando que pase para que tome medidas la Justicia y me puedan proteger a mí y a mis hijas”.
Antes de su detención por el crimen de Erika, Felipe “El Militar” Sosa increíblemente no registraba antecedentes penales. Había enfrentado procesos judiciales previos a los que se refería su ex-mujer, dos de los cuales concluyeron con resoluciones polémicas.
El más grave se originó el 21 de junio de 2023, cuando personal del Juzgado de Paz de Yerba Buena realizó una inspección en su domicilio, ubicado en calle Frías Silva al 1336, en el marco de una causa de violencia familiar. Durante el procedimiento se detectó lo que posteriormente la Justicia federal calificó como un “cultivo de marihuana con infraestructura profesional”. Increíblemente.
En el interior de la vivienda se constató una habitación de dos metros por tres, con paredes recubiertas con papel metalizado, siete lámparas LED de alta potencia, un farol de sodio con transformador, un filtro de aire de carbono, un equipo de aire acondicionado tipo split y un termómetro digital, además de 29 plantas de marihuana en plena floración. En una habitación contigua se hallaron cuatro germinadores con 25 plantines cada uno y otros seis plantines sueltos, lo que totalizaba 106 plantines en etapa de crecimiento.
Pero el 10 de abril de 2025, el juez federal José Manuel Díaz Vélez dictó el sobreseimiento. En julio de 2025, la Cámara Federal de Apelaciones había rechazado un pedido de los imputados para recuperar los bienes incautados mientras continuara la investigación, al considerar que no podía garantizarse su uso lícito.
Sin embargo, la resolución de sobreseimiento ordenó la devolución proporcional de 27 plantas restantes y de todos los elementos secuestrados, entre ellos la balanza digital, los frascos, las lámparas LED, la prensa hidráulica y los fertilizantes. Asimismo, dispuso la destrucción de 106 plantines y de dos plantas excedentes, según el criterio del magistrado.
Antes, en el fuero ordinario, Sosa había protagonista de otro proceso por violencia de género. En esa causa estuvo detenido y cumplió parte de la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario. El juez Alejandro Tomás rechazó inicialmente un pedido de sobreseimiento. Sin embargo, el representante del Ministerio Público insistió con la solicitud y el expediente fue analizado por el fiscal regional Fernando Blanno, quien avaló el planteo absolutorio. Finalmente, el juez Alejandro Valero dictó el sobreseimiento, aunque dejó constancia de que lo hacía en cumplimiento de lo establecido por el Código Procesal y expresó que el caso debería haberse dirimido en un debate oral.
La expareja de Sosa, a quien él se refirió públicamente como “la mujer de su vida”, denunció públicamente que el imputado habría recibido ayuda del Poder Judicial. La resolución fue impugnada por la denunciante, aunque posteriormente retiró el planteo. Las palabras de su ex-mujer reproducidas aquí son producto de la reacción de la mujer ante la decisión judicial.
La otra causa, a la que se refiere la madre de sus hijas en el audio, fue iniciada por su excuñado —un destacado ginecólogo especializado en fertilidad— por amenazas de muerte. El fiscal Mariano Fernández, quien inicialmente tuvo a su cargo la causa, dictó una medida de protección a favor del denunciante. Posteriormente, el expediente pasó a manos del fiscal Ernesto Salas López. Hasta el momento, esa causa no fue resuelta.
De esta forma, el caso de Sosa pone en evidencia que la Justicia en Tucumán desprotege a las potenciales víctimas y protege a los más poderosos. Simplemente no funciona. El desesperado grito de justicia que realizó la mujer —ya casi resignada— expone este flagelo: la ineficiencia de fiscales, jueces y de toda la institución para cumplir con los deberes mínimos e imprescindibles que deberían justificar su existencia y su millonario costo.