IDEAR –la Industria del Entretenimiento Argentino Tucumán– emitió un comunicado en el que manifestó su profundo dolor y preocupación por el crimen de Érika Antonella Álvarez, y expresó su solidaridad y acompañamiento a la familia y allegados de la joven. La entidad, liderada por Hernán Iramain, subrayó que respeta el debido proceso y se comprometió con el esclarecimiento del hecho dentro del marco judicial correspondiente.
En su pronunciamiento, IDEAR advirtió sobre lo que consideró intentos de asociar automáticamente y de forma generalizada a las fiestas electrónicas y a los asistentes a esos eventos con el consumo de drogas y actividades delictivas cada vez que ocurre un hecho que conmueve a la sociedad. Según la organización, este tipo de vinculación no está sustentada en hechos comprobados, y resulta “injusta, estigmatizante y perjudicial” para un sector que, aseguraron, trabaja de manera formal y responsable.
La entidad señaló que la música electrónica y los eventos culturales vinculados son una expresión artística y social legítima que congrega a públicos diversos, y que en su gran mayoría se realizan dentro de la legalidad, con productores identificables, habilitaciones oficiales, controles de seguridad, protocolos y coordinación con organismos del Estado. Por eso destacó que vincular sin pruebas toda la actividad con el narcotráfico no solo perjudica a quienes forman parte de la industria del entretenimiento, sino que también distorsiona el debate público y no aporta a una solución real del problema.
IDEAR también remarcó la importancia de diferenciar entre eventos autorizados y los que se llevan a cabo de manera clandestina, señalando que “no todos los eventos son iguales”. Según la organización, los encuentros ilegales, sin controles ni responsables visibles y sin condiciones de seguridad mínimas, proliferan cada fin de semana y representan un peligro para la sociedad. A su juicio, confundir deliberadamente ambos tipos de eventos genera desinformación y expone a la comunidad a mayores riesgos.
En ese contexto, la entidad pidió mayor responsabilidad en el tratamiento informativo, especialmente a los medios de comunicación, para evitar generalizaciones que estigmatizan una actividad cultural y a su público. “Informar con rigor, distinguir contextos y verificar datos no solo es una obligación ética, sino también una contribución concreta a la prevención y a la seguridad pública”, sostuvieron en el comunicado.
El pronunciamiento se conoció en un clima de alta sensibilidad pública, luego de que el abogado de la familia de Érika Antonella Álvarez, Carlos Garmendia, afirmara en entrevistas que el imputado por el crimen, Felipe Sosa, un empresario vinculado a la seguridad privada, estaría relacionado con la venta de drogas en fiestas electrónicas, basándose en testimonios aportados por amistades y familiares de la víctima en el marco de la investigación judicial.
Mientras la causa judicial continúa avanzando para esclarecer el homicidio, el debate público sobre responsabilidades, controles y estigmatización de determinados espacios sociales volvió a centrarse en la escena mediática y política.