El abogado de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Alfredo Falú, afirmó que el ex intendente Germán Alfaro fue sobreseído en una causa judicial sin que se haya llevado adelante una investigación, y sostuvo que esa decisión benefició al ex jefe municipal en una denuncia vinculada al presunto destino irregular de $500 millones durante su gestión.
El planteo del Municipio surge a partir del fallo que dictó el juez Raúl Armando Cardozo, quien el 6 de noviembre de 2025 resolvió el sobreseimiento total de Alfaro, del legislador Rodolfo Ocaranza y del ex funcionario Carlos Gómez, al considerar que las conductas denunciadas no configuraban delito. La denuncia había sido presentada por la gestión de la intendenta Rossana Chahla.
“Esto es un intento alevoso y vergonzoso de no investigar un claro caso de corrupción”, expresó Falú, quien patrocina legalmente a la Municipalidad en el expediente.
La causa se originó a partir de una denuncia por presuntas irregularidades vinculadas a un préstamo otorgado por el entonces gobernador Juan Manzur al entonces intendente Alfaro, entre los años 2020 y 2021. Según la presentación judicial realizada por la actual gestión municipal, existirían $500 millones cuyo destino no habría sido debidamente registrado en la contabilidad del Municipio.
En la denuncia se consignó que ese dinero habría sido depositado en otra cuenta bancaria a nombre de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, abierta en el Banco Macro, pero que nunca habría sido incorporada a los sistemas contables y financieros del Municipio. De acuerdo con el escrito, a esa cuenta se habrían dirigido cuatro transferencias por $125 millones cada una, realizadas el 24 de junio, el 15 de octubre y el 10 de diciembre de 2020, y el 9 de febrero de 2021.
“De acuerdo a lo informado por Tesorería General de la Municipalidad, la cuenta bancaria nunca fue ingresada en los sistemas contables ni financieros de la Municipalidad”, se indicó en la denuncia. En el mismo documento se agregó: “Esto significa que desaparecieron $500 millones canalizados a través de la cuenta (…), que fue abierta el 3 de junio de 2020 y luego vaciada y cerrada, según el informe adjunto del Banco Macro del 11 de noviembre de 2024”.
Al fundamentar el sobreseimiento, el juez Cardozo señaló que entre el 3 de junio de 2025, fecha en la que recibió el expediente, y el 5 de noviembre de ese año, no se registró ningún acto procesal impulsorio ni presentaciones de las partes. El Ministerio Público Fiscal que conduce Edmundo «Pirincho» Jiménez fue notificado el 6 de noviembre y, al no interponer recursos ni apelaciones, la resolución quedó firme y adquirió carácter de cosa juzgada el 20 de noviembre de 2025.
Con posterioridad, la Municipalidad, a través de Falú, solicitó constituirse como querellante para acceder al expediente y conocer el estado de la causa. Esa solicitud fue rechazada por el magistrado.
Falú afirmó que nunca se permitió al Municipio acceder a la documentación del expediente. “El titular de la acción pública penal es el Ministerio Público Fiscal, que tiene el deber de impulsarla, máxime en temas de corrupción, ya que el Estado argentino se comprometió a juzgarlos en varios tratados internacionales. Parece que no existió ese impulso. Digo ‘parece’ porque jamás nos permitieron compulsar el expediente, que hasta hoy desconocemos. Por el contrario, nos lo negaron por escrito, y nos dieron información equívoca por mostrador de fiscalía y del juzgado”, sostuvo.
Según el abogado, la negativa a permitir el acceso a la causa formó parte de una estrategia. “Ahora sabemos que fue para intentar cerrar la causa a espaldas del municipio. Cuando pedimos rol de querellante, a ciegas, lo rechazaron diciendo que ya había un sobreseimiento, que es improcedente en lo sustancial y formal. En lo sustancial porque estamos ante un hecho de corrupción, según los informes de funcionarios provinciales, municipales y del Banco Macro. Y en lo formal, porque está prohibido cerrar causas sin la citación de víctimas. Jamás nos citaron. Eso es un vicio que afecta la validez de la resolución de sobreseimiento”, afirmó.
Finalmente, Falú anticipó que la Municipalidad insistirá para que la investigación se reabra. “Vamos a recurrir hasta la última instancia en defensa del patrimonio municipal y búsqueda de verdadera Justicia”, concluyó.
