En el Salón Blanco de Casa de Gobierno, este viernes se concretó la jura de las nuevas autoridades de la Caja Popular de Ahorros (CPA). Guillermo Norry y Antonio Bustamante asumieron formalmente sus funciones, luego de que el ministro de Economía, Daniel Abad, solicitara el jueves la renuncia del interventor José Díaz y del subinterventor Darío Amatti.
La ceremonia comenzó pasadas las 10 y fue encabezada por el gobernador Osvaldo Jaldo. Desde temprano se registró un intenso movimiento en Casa de Gobierno, con el ingreso de funcionarios, legisladores, concejales, delegados comunales y dirigentes del oficialismo.
Durante el acto, Jaldo afirmó que “este acto tan importante responde a una decisión institucional” y remarcó que la Caja Popular de Ahorros “pertenece al Gobierno de la provincia, gracias a Dios y al trabajo de muchas gestiones”. En ese marco, agradeció a José Díaz “por haber cumplido su rol y estar a la altura de las circunstancias”. “Queremos que la Caja siga siendo de los tucumanos”, agregó.
El vicegobernador Miguel Acevedo destacó la trayectoria de Guillermo Norry y Antonio Bustamante y sostuvo que “son hombres con experiencia en la administración”. Además, señaló que “si el gobernador tomó esta decisión es porque busca una Caja Popular aún más fortalecida, que siga acompañando a todos los tucumanos”.
Entre los presentes estuvo el propio José Díaz, quien hasta el jueves conducía la institución. Su asistencia al acto fue leída en el marco de versiones y especulaciones que se intensificaron en las últimas horas.
La jura contó también con la presencia de la intendenta Rossana Chahla; el ministro de Economía, Daniel Abad; y el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla.
Guillermo Norry, ex interventor del municipio de Juan Bautista Alberdi, asumió como interventor de la CPA. Antonio Bustamante, abogado y ex presidente del Colegio de Abogados de Tucumán, fue designado subinterventor. Ambos dirigentes mantienen una cercanía política con el ministro del Interior, Darío Monteros.
El recambio de autoridades se produjo en un contexto de tensiones internas dentro del oficialismo, especialmente en el vínculo entre el gobernador Osvaldo Jaldo y el diputado nacional Carlos Cisneros. José Díaz y Darío Amatti conducían la Caja Popular desde 2018 y estaban vinculados al espacio político del legislador y al gremio bancario, con influencia desde la primera gestión del ex gobernador Juan Manzur.
La decisión fue adoptada por Jaldo un día después de haberse reintegrado a sus funciones al frente del Poder Ejecutivo. Si bien trascendió que los posibles cambios habían sido conversados con Cisneros hacia fines del año pasado, la medida generó impacto inmediato en la interna del peronismo tucumano.
La salida de José Díaz, quien ocupaba el cargo desde 2018, marcó el cierre de una etapa en la conducción del organismo. En ese marco, se espera que las nuevas autoridades definan cambios en la gestión, la organización interna y la orientación general de la CPA.
El recambio se dio luego de declaraciones públicas de Jaldo tras su regreso de las vacaciones. En una conferencia de prensa, el gobernador expresó: “Debo reconocer y agradecer a la prensa local, a la prensa de la provincia de Tucumán, que no se hicieron eco de esas situaciones. No así algunos medios nacionales, que son motivados, incentivados por personajes de esta querida provincia de Tucumán, que muy poco tiempo se va a conocer”.
En el escenario local, durante los últimos meses se acumularon antecedentes de enfrentamientos, denuncias cruzadas y episodios de conflictividad alrededor de la conducción de la Caja Popular y del manejo de fondos públicos. En ese período, la disputa política también se vio atravesada por el impacto de la causa conocida como “Causa Vélez”, con derivaciones judiciales y mediáticas. En ese marco, se citó un fallo del juez Augusto José Paz Almonacid, que sobreseyó a los imputados y dispuso la remisión de la investigación al fuero federal para evaluar posibles delitos conexos. En la cobertura local se reprodujo que el magistrado sostuvo que “la resignificación no puede operar como sustituto de la prueba” y que “juzgar con perspectiva de género no implica prescindir del principio de inocencia”.
En paralelo, también se reportaron episodios de presión y confrontación pública en torno a la disputa política y judicial, con la participación de actores mediáticos y abogados de alto perfil, entre ellos Fernando Burlando, cuya intervención fue presentada en publicaciones locales como parte de una estrategia de exposición mediática.
Con la asunción de Norry y Bustamante, la conducción de la Caja Popular quedó en manos de funcionarios alineados con el Ejecutivo provincial y por fuera de la estructura vinculada al diputado Carlos Cisneros. El recambio reordenó la conducción del organismo financiero estatal en un momento de alta sensibilidad política por el control institucional, el manejo de recursos y la dinámica interna del oficialismo tucumano.