El gobernador Osvaldo Jaldo dispuso cambios en la conducción de la Caja Popular de Ahorros (CPA) y reordenó el tablero interno del oficialismo tucumano. Este viernes asumirán al frente de la entidad financiera estatal el contador Guillermo Norry como interventor y el abogado Antonio Bustamante como subinterventor. Dejarán sus cargos José Díaz y Darío Amatti.
Los funcionarios salientes fueron notificados este jueves por el ministro de Economía, Daniel Abad, quien les comunicó la decisión tomada por el mandatario provincial. Tanto Díaz como Amatti estaban vinculados al diputado nacional Carlos Cisneros y al gremio bancario, por lo que su desplazamiento generó impacto inmediato en la interna del peronismo tucumano.
La determinación fue adoptada por Jaldo un día después de haberse reintegrado a sus funciones al frente del Poder Ejecutivo. Si bien trascendió que los posibles cambios habían sido conversados con Cisneros hacia fines del año pasado, la medida sorprendió en Casa de Gobierno y elevó la tensión política dentro del espacio oficialista.
Los nuevos responsables de la intervención responden directamente al ministro del Interior, Darío Monteros. Norry fue interventor de Alberdi durante 2025, mientras que Bustamante presidió el Colegio de Abogados y se desempeñó como asesor del municipio de Banda del Río Salí.
El movimiento en la Caja Popular se produjo en un contexto marcado por declaraciones públicas del gobernador tras su regreso de las vacaciones. En una conferencia de prensa, Jaldo expresó: “Debo reconocer y agradecer a la prensa local, a la prensa de la provincia de Tucumán, que no se hicieron eco de esas situaciones. No así algunos medios nacionales, que son motivados, incentivados por personajes de esta querida provincia de Tucumán, que muy poco tiempo se va a conocer”.
Las palabras del mandatario se conocieron en medio de versiones sobre campañas de desgaste amplificadas en medios nacionales y con origen en actores políticos de Tucumán. En paralelo, en el escenario local se acumulaban antecedentes de enfrentamientos, denuncias cruzadas y episodios de alta conflictividad alrededor de la conducción de la Caja Popular y del manejo de fondos públicos.
En los últimos meses, la disputa política también se vio atravesada por el impacto de la causa conocida como “Causa Vélez”, donde se registraron derivaciones judiciales y mediáticas que reavivaron tensiones institucionales.
En paralelo, también se reportaron episodios de presión y confrontación pública en torno a la disputa política y judicial, con la participación de actores mediáticos y abogados de alto perfil, entre ellos Fernando Burlando, cuya intervención fue presentada en publicaciones locales como parte de una estrategia de exposición mediática.
Con el recambio dispuesto por Jaldo, la conducción de la Caja Popular quedó en manos de funcionarios alineados con el Ejecutivo provincial y por fuera de la estructura que respondía al diputado Cisneros. La decisión consolidó un giro en el control político del organismo financiero estatal y reactivó la interna del oficialismo, en un momento de fuerte sensibilidad por el manejo de recursos, el rol de la entidad y la disputa por el poder dentro del peronismo tucumano.
A continuación, el video de ayer miércoles, cuando Jaldo advirtió sobre operaciones de prensa nacionales con dinero de los tucumanos.