“Más que de la chilata estamos hablando del derecho a trabajar y de la obligación o no de estar agremiados a un sindicato para poder vender”, advirtió el concejal radical Leandro Argañaraz al cuestionar la ordenanza municipal que regula la comercialización del helado conocido como achilata en San Miguel de Tucumán.
El edil sostuvo que el foco del conflicto no está en la declaración de interés turístico del producto, sino en los artículos que establecen condiciones para la venta y determinan quiénes podrán hacerlo. “Estamos hablando del derecho a trabajar”, remarcó, y consideró que la norma “pone en juego un derecho básico a ganarse la vida” al incorporar, según planteó, una “intermediación obligatoria” entre el trabajador y la posibilidad de ejercer la actividad.
Argañaraz señaló que la ordenanza dispone que los vendedores habilitados serán designados por el Sindicato de Vendedores Ambulantes (Sivara), lo que, según su interpretación, condiciona el acceso al trabajo a la pertenencia a una organización gremial. “Los gremios existen para representar a los trabajadores frente a una patronal. Acá no hay patrón. El mismo gremio va a decidir quién vende, dónde vende y cómo vende”, afirmó.
Entre los puntos que cuestionó, mencionó que el texto prevé que los vendedores deban estar uniformados conforme a la reglamentación y que la indumentaria y los carritos serán provistos por el sindicato, sin costo para el municipio. En ese marco, advirtió que esa modalidad implicaría para los trabajadores la necesidad de afrontar costos vinculados a la organización, como cuotas u otros gastos.
También apuntó contra la obligación de formalización laboral mediante la inscripción como monotributistas, y sostuvo que la norma no contempla la dinámica de quienes realizan esta actividad de manera estacional. En ese sentido, indicó que no todos los vendedores trabajan con carrito y que muchos se dedican a otras actividades en los meses de invierno, como la venta de praliné.
Además, el concejal remarcó que la ordenanza establece que los puntos de expendio serán definidos por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, lo que, a su criterio, limita la posibilidad de trabajar fuera de los lugares que el municipio determine.
Argañaraz confirmó que está finalizando un proyecto para avanzar con la derogación de la norma. En paralelo, afirmó que la ordenanza fue promulgada de manera tácita, sin una firma expresa del Ejecutivo municipal, y consideró que eso reflejaría falta de análisis legal y político sobre su alcance.
La ordenanza en cuestión es la 5.507, aprobada en el Concejo Deliberante en la última sesión de 2025 con nueve votos a favor y uno en contra, y fue impulsada por el concejal oficialista Emiliano Vargas Aignasse. El único voto negativo fue el de Argañaraz.
El texto declara de “interés turístico” la promoción y venta de achilata, establece la intervención del sindicato en la designación de los vendedores habilitados, fija requisitos de uniformidad y equipamiento, exige la inscripción como monotributistas y determina que los lugares autorizados para vender serán establecidos por el municipio, en un esquema que derivó en un nuevo cruce político por el alcance de la regulación y sus efectos sobre los trabajadores de la venta ambulante.