Representantes de la oposición en Catamarca desataron una fuerte controversia tras conocerse que gran parte de los recursos generados por Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) —empresa minera con sede en esa provincia— serán destinados a financiar la construcción de una nueva Ciudad Universitaria en Tucumán, en vez de aplicarse a obras en su propio territorio. El acuerdo, que también incluye la reorganización del directorio de YMAD, fue cerrado en el marco de negociaciones entre el Gobierno nacional y el gobernador catamarqueño Raúl Jalil.
Según los términos, el 40 % de las utilidades de la minera se canalizará hacia la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) hasta completar una infraestructura de más de 135.000 m², una medida que, para los críticos, equivale a “hacer desaparecer” esos fondos en Tucumán en lugar de invertirlos en Catamarca. Esta decisión se tomó luego de que el Estado nacional se retirara del directorio de YMAD, dejando el control mayoritario a la provincia de Catamarca en conjunto con la UNT.
Legisladores de Catamarca rechazaron con dureza el acuerdo, sosteniendo que la UNT accede de manera indebida a recursos que deberían priorizar obras y servicios en la provincia productora de la renta minera, y denunciaron que proyectos como la Ciudad Universitaria podrían devorar recursos equivalentes al presupuesto total de obras públicas de Catamarca para 2026.
El malestar se profundiza en el contexto de antecedentes judiciales sobre manejos de fondos provenientes de actividades mineras vinculados a la UNT, y la falta de claridad sobre mecanismos de control y auditoría futuros después de que el Estado nacional abandonara la administración de YMAD.
