El caso judicial que involucra al delegado comunal de Huasa Pampa Sud, Alberto Federico Villafañe, tomó un nuevo rumbo en las últimas horas, luego de que la Justicia dispusiera un allanamiento en la vivienda de la mujer que lo acusó de abuso sexual y de su pareja, en el marco de una investigación por amenazas y una presunta tentativa de extorsión que había sido denunciada previamente por el propio funcionario.
El operativo se llevó a cabo este sábado 10 de enero en una casa de Pueblo Viejo, en el departamento La Cocha, y fue ejecutado por la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Sur, con la intervención del Ministerio Público Fiscal en turno de feria. De acuerdo con el informe oficial, el procedimiento fue positivo y se realizó en el contexto de una causa iniciada el 30 de diciembre del año pasado por Villafañe, quien manifestó haber recibido amenazas de muerte y pedidos de dinero a través de mensajes de teléfono.
Según esa denuncia, el delegado comunal sostuvo que, si no accedía a las exigencias económicas, sería denunciado públicamente por abuso sexual. Por estos hechos, identificó como presuntos responsables a un ex empleado de la comuna y a su cónyuge. Por orden de la jueza Norma Cecilia Tasquer, del Colegio de Jueces del Centro Judicial de Concepción, se incautaron dos teléfonos celulares: un Motorola Edge 50, que se atribuye a la mujer, y un Motorola Razr flexible, que pertenecería al hombre. Ambos aparatos quedaron a disposición de la Justicia para la realización de pericias técnicas consideradas fundamentales para la investigación.
Este nuevo allanamiento ocurre apenas dos días después de otro procedimiento judicial, concretado el jueves 8 de enero, cuando la Policía registró la vivienda del delegado comunal en el marco de una causa por abuso sexual. Esa investigación se abrió a partir de una denuncia presentada el 7 de enero de este año y derivó en el secuestro de teléfonos celulares y equipos informáticos del funcionario, en relación con una presunta violación al artículo 119 del Código Penal.
Tras aquel primer allanamiento, Noticias del Interior mantuvo una entrevista periodística privada con la mujer denunciante, realizada fuera de cualquier instancia judicial y con la protección absoluta de su identidad. En ese testimonio, la mujer afirmó haber sido víctima de abusos reiterados, describió forcejeos y maltratos, y sostuvo que los hechos habrían tenido lugar entre septiembre y noviembre de 2025. También declaró haber recibido mensajes insistentes, hostigamiento y amenazas, y señaló que el acusado le habría dicho que contaba con «poder político» y que «nadie le iba a hacer nada».
En la actualidad, la Justicia analiza dos expedientes diferentes pero estrechamente relacionados: la denuncia por abuso sexual iniciada el 7 de enero de 2026, que motivó el allanamiento al delegado comunal, y la denuncia por amenazas y presunta extorsión presentada el 30 de diciembre de 2025 por el funcionario, que derivó en el procedimiento realizado este sábado contra la mujer y su pareja.
Ambas causas se hallan en plena etapa de investigación, con pericias digitales pendientes y bajo estricta reserva judicial. El caso genera un fuerte impacto político y social en el sur tucumano, tanto por la gravedad de las acusaciones como por la condición de funcionario público de uno de los involucrados. Será el Ministerio Público Fiscal el encargado de determinar, a partir del análisis de las pruebas reunidas, la veracidad de cada denuncia y las eventuales responsabilidades penales.