La agenda del Gobierno nacional se tensa en estos meses de verano, con el debate por la normativa de actualización laboral que conlleva modificaciones impositivas que podrían afectar los recursos provinciales provenientes de la coparticipación. Entre los mandatarios regionales que muestran preocupación se encuentra el tucumano Osvaldo Jaldo, dado que la provincia podría sufrir una reducción en sus ingresos cercana a los $51.682 millones para el año 2026, de acuerdo con estimaciones de análisis privados. Este escenario genera un desafío en las tratativas con el gobernador peronista, ya que la administración de Javier Milei requiere el apoyo de los legisladores vinculados a Jaldo para lograr avances en el Congreso. Informantes oficiales señalaron que, para conseguir ese respaldo, el Ejecutivo evalúa proponer compensaciones como asignaciones discrecionales mayores o colaboración en proyectos de infraestructura, aunque todavía no hay precisiones sobre estas posibles contrapartidas.
El centro de la disputa se encuentra en las modificaciones al régimen del impuesto a las Ganancias, un componente fundamental de los fondos que se reparten entre la Nación y las provincias. La iniciativa plantea reducir las alícuotas para las compañías en los escalones más altos, sumado a la supresión de exenciones para rentas de propiedades residenciales. Esto, a su vez, implicaría una baja en las transferencias automáticas hacia las jurisdicciones, financiando de este modo el desgravamen fiscal. Un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) calcula un efecto anual inicial del 0,22% del PBI, equivalente a $1,9 billones, de los cuales $790.000 millones corresponderían al nivel nacional y $1,12 billones al conjunto de provincias y la Ciudad de Buenos Aires. La distribución no sería pareja: Buenos Aires lideraría las mermas con $238.558 millones, seguida por Santa Fe ($97.087 millones), Córdoba ($96.459 millones), Chaco ($54.193 millones), Entre Ríos ($53.042 millones), Tucumán ($51.682 millones) y Mendoza ($45.300 millones).
Si bien el argumento oficial subraya que estas reducciones en Ganancias para empresas fomentarán la competitividad y atraerán inversiones, los gobiernos provinciales rechazan el esquema en un marco de retracción económica que ya restringe sus ingresos. Paralelamente, las transferencias automáticas del año anterior exhibieron un crecimiento real del 1,7% en comparación con 2024, según cifras de Politikon Chaco, pero este número se sitúa por debajo de los niveles observados entre 2018 y 2023. Los aumentos se debieron en gran parte a las asignaciones por el Consenso Fiscal de 2017, repartidas de manera selectiva hacia regiones cercanas al oficialismo.
Respecto a Tucumán, el cierre de 2025 arrojó un resultado positivo en transferencias automáticas: $1.540.986 por habitante, totalizando $2.733.042 millones, con un incremento real del 2,2% interanual (por encima del promedio nacional del 1,7%). En diciembre, los envíos sumaron $256.684 millones ($144.728 por persona), con una suba real del 2,3%, impulsada por un 76,7% en fondos de Compensación del Consenso Fiscal.
Provincias como Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta y San Juan registraron alzas reales superiores al 200%, mientras que otras como Buenos Aires, Córdoba, Formosa, La Rioja, Río Negro, Santa Fe y Santiago del Estero no alcanzaron el 50%. Esta dinámica muestra una estrategia del Ejecutivo que beneficia a los aliados y perjudica a los opositores, táctica que permitió la aprobación del Presupuesto 2026, pero que ahora pone en duda su factibilidad para esta reforma de mayor alcance, la cual amenazaría con restar una parte importante de la coparticipación a todas las jurisdicciones.
«Esta reforma laboral es, en realidad, una reforma tributaria encubierta», alertó el senador Jorge Capitanich (Fuerza Patria), al remarcar que la disminución en las tasas de Ganancias para sociedades favorece a un pequeño grupo de grandes corporaciones, en detrimento de las finanzas provinciales. En el artículo 190 del proyecto, se propone reemplazar la alícuota del 30% por 27% en el tramo 2, y del 35% por 31,5% en el tramo 3. Este último segmento, que incluye firmas con beneficios anuales por encima de los mil millones de pesos, genera el 76% de la recaudación y solo involucra a 1.856 empresas, el 1% del total.
Negociaciones
Capitanich calcula que este ajuste generaría un costo fiscal de US$2.179 millones. Además, el artículo 191 propone eliminar, desde el mes siguiente a la vigencia de la ley, los gravámenes internos sobre seguros, servicios de telefonía móvil y satelital, bienes de lujo, autos, motores, yates y aviones. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) estima un impacto de US$334 millones anuales, aunque el legislador chaqueño lo eleva a US$548 millones. En cualquier caso, critica que estos beneficios para sectores de alto poder adquisitivo contrasten con la reticencia oficial a cumplir con financiamientos para universidades y asistencia a personas con discapacidad.
«Estamos hablando de derogar los impuestos internos a vehículos de marca y de lujo, yates y artículos suntuarios. Son impuestos que se coparticipan desde 1996. Son recursos indispensables para las provincias. Debemos repensar esta situación», advirtió.
El ministro del Interior, Diego Santilli, y la jefa del bloque senatorial libertario, Patricia Bullrich, anticipan discusiones complejas con opositores y gobernadores. Tras emitir el dictamen a fines del mes pasado, Bullrich planea retomar conversaciones en la segunda quincena de enero y llevar el texto al plenario a mediados de febrero. Se esperan modificaciones, pero persiste la incógnita sobre si el componente fiscal –impulsado por Economía– se mantendrá sin cambios.
Un documento alternativo, elaborado por el diputado Guillermo Michel (foto inferior) y compartido entre dirigentes peronistas, advierte de manera similar que las provincias podrían perder $1.729.044 millones en 2026 debido a estas alteraciones en Ganancias. Basado en datos de 2024, de 163.587 sociedades que declararon el impuesto, el 89,4% (146.257) se ubica en el tramo inicial (hasta $100 millones), aportando solo el 7,9%; el 9,5% (15.474) en el intermedio ($100 a $1.000 millones), con el 15,9%; y el 1,1% (1.856) en el superior, responsable del 76,3%.
El informe resalta que dentro de este último grupo, apenas 144 empresas (0,1% del total) con ganancias superiores a $15.000 millones anuales generan el 56% de la recaudación, concentrando así la mayor parte del beneficio. Para 2026, el Presupuesto prevé ingresos por Ganancias de $48,4 billones (4,48% del PBI), con $34,3 billones de sociedades. La reforma reduciría esto a $31,7 billones, una caída de $3,1 billones (0,3% del PBI), de los cuales $1,7 billones impactarían en las provincias, equivalentes a $144.087 millones menos por mes en promedio.
De acuerdo al informe, surgen interrogantes: «¿Cómo compensará el Gobierno esta merma? ¿Qué recortes presupuestarios aplicará para sostener el superávit de 1,5% del PBI? ¿Y cómo resarcirá a las provincias por la pérdida en coparticipación?».