El magistrado federal Julián Ercolini dispuso un embargo precautorio superior a los quinientos mil millones de pesos en contra de quienes estuvieron al frente del Banco de la Nación Argentina (BNA) en la gestión de Mauricio Macri, Javier González Fraga y Lucas Llach, junto a otros exfuncionarios de la entidad y ejecutivos de la compañía Vicentin SAIC, en el marco de una investigación por un presunto pacto entre el banco estatal y la firma para evitar el cobro de una obligación millonaria.
En la misma decisión, adoptada el 30 de diciembre pero difundida en los últimos días, el juez Ercolini también ratificó la inhibición general de bienes que ya pesaba desde septiembre del año pasado, la cual impide a los investigados enajenar sus propiedades.
El perjuicio derivado de la presunta estafa fue calculado por el fiscal Gerardo Pollicita en 300 millones de dólares. En consecuencia, los 26 imputados deberán responder de forma mancomunada por la suma actualizada de $543.332.587.274.
El BNA administraba dos cuentas de garantía donde se depositaban los fondos provenientes de la actividad comercial de Vicentin, que mantenía una deuda de aproximadamente 300 millones de dólares. Por esos canales, durante el lapso bajo análisis, habrían transitado cerca de 800 millones de dólares.
En vez de retener esos recursos para saldar la deuda, de acuerdo con la acusación, los funcionarios habilitaron la transferencia de casi $43.450 millones a cuentas de libre disponibilidad, permitiendo así que los empresarios movieran ese dinero fuera del control del banco.
Los directivos de Vicentin señalados son Néstor Buyatti (presidente), Alberto Julián Macua (vicepresidente), Herman Roberto Vicentin (apoderado), Martín Sebastián Colombo (director), Roberto Oscar Vicentin (director) y Máximo Javier Padoan (director), cuyo padre, Alberto Padoan, está siendo procesado en la causa de los Cuadernos de las Coimas.
También se investigan giros que la empresa habría efectuado a cuentas en el exterior por un total de US$16.942.805. Asimismo, en noviembre de 2019, el Banco concedió al grupo nuevos créditos por US$105.500.000.
«Los funcionarios del Banco de la Nación Argentina, en conjunto con los empresarios del Grupo Vicentin, entre agosto y diciembre de 2019, habrían provocado que las compañías Vicentin SAIC y Algodonera Avellaneda SA defraudaran las arcas de la entidad pública por un perjuicio patrimonial de US$304.328.665«, afirmó el juez.
Ercolini adoptó esta medida en el transcurso de una serie de indagatorias. Para febrero y marzo están programadas 21 citaciones.
La firma Vicentin llegó a posicionarse como la cuarta agroexportadora más importante del país. En diciembre de 2019 entró en cesación de pagos y su situación financiera desencadenó múltiples procesos judiciales que aún continúan.
En junio de 2020, durante la pandemia, el entonces presidente Alberto Fernández anunció la intervención y una posible expropiación de Vicentin, aunque finalmente revirtió la decisión ante un amplio rechazo.
