Los supuestos testaferros del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, Pablo Toviggino, solicitaron la interrupción de la pesquisa por la adquisición de la lujosa propiedad en Pilar por la cual están investigados, para que no avance durante el receso judicial de enero. Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Lucía Conte, argumentaron mediante su defensor que no existen diligencias urgentes que lo ameriten y que el caso debería reanudarse en febrero.
Informantes del ámbito judicial señalaron a Clarín que el letrado Mariano Morán presentó ese planteo ante el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, a cargo de la causa, quien a fines del año pasado autorizó la feria para seguir con las indagatorias. El juez desestimó el pedido, pero la defensa recurrió la decisión para que intervenga la Cámara en lo Penal Económico.
Pantano y Conte, a través de la firma «Real Central S.R.L.», figuran como propietarios de la mansión en Villa Rosa de 105 mil metros cuadrados, que cuenta con cancha de pádel, aras, helipuerto y un galpón donde se hallaron 54 vehículos de lujo y colección. La compraron en mayo de 2024 por 1.800.000 dólares, pero una valuación oficial estableció que su valor real asciende a 17 millones de dólares.
Ninguno de los dos imputados posee la solvencia económica para semejante operación, por lo que la justicia indaga a Toviggino como su verdadero dueño. Durante el allanamiento del inmueble se encontró un bolso de la AFA y una plaqueta de Barracas Central, el club del presidente de la entidad futbolística, Claudio «Chiqui» Tapia, a nombre de Toviggino. Además, las cédulas azules de los automóviles hallados estaban a nombre de familiares del tesorero de la AFA.
La investigación, a cargo del juez Aguinsky, dispuso varias medidas probatorias. Una de ellas determinó que los Telepase de los vehículos se abonaban con una tarjeta de crédito corporativa de la AFA a nombre de Pantano. Esa tarjeta registró desembolsos mensuales cercanos a los 50 millones de pesos entre enero y diciembre de 2015.
El magistrado habilitó la feria judicial de enero –el receso de los tribunales– para continuar con la pesquisa al existir diligencias en curso. Sin embargo, la defensa de Pantano y Conte objetó esa determinación y pidió que el expediente quede paralizado hasta febrero, cuando se retoma la actividad formal en la justicia.
La postura del abogado Morán es que la feria está destinada a tratar asuntos impostergables y que en la causa no hay ninguna medida de esa naturaleza. La respuesta del juez fue que existen pericias en desarrollo y que eso justifica mantener la causa activa durante el receso.
Ante la negativa, la defensa de Pantano y Conte insistió con su reclamo ante la Cámara en lo Penal Económico. Ahora se aguarda el pronunciamiento de sus integrantes, que durante la feria judicial son Carolina Robiglio y Leopoldo Bruglia.
Entre las diligencias ordenadas, la justicia espera respuestas de organismos públicos y privados y define la fecha para citar a declarar como testigos a los dos pilotos del helicóptero que aterrizó en la mansión. El objetivo es identificar a los pasajeros que se trasladaban al lugar. Además, las fuentes consultadas no descartaron que se dispongan nuevas medidas de prueba en los próximos días.
Otra definición pendiente es qué juzgado se quedará con el caso. El magistrado federal de Campana, Adrián González Charvay, aceptó un planteo de Pantano y Conte para que la causa pase a su jurisdicción, dado que allí se encuentra la propiedad. Pero Aguinsky rechazó el pedido de traslado. Sostuvo que no solo investiga la compra, sino también el origen de los fondos. Y señaló que la principal hipótesis es que se trató de dinero de la AFA que fue malversado, por lo que el expediente debe permanecer en su juzgado.
«En el marco de estas conclusiones provisorias, el ilícito precedente del presunto lavado de dinero estaría constituido por la figura de la administración fraudulenta, prevista por el Art. 173 inc. 7mo. del Código Penal, en perjuicio de la AFA y a través de sus directivos», afirmó el magistrado.
Ante esta controversia, la decisión sobre qué juez debe intervenir le corresponde a la Cámara Federal de San Martín, que ya tiene el expediente para resolver.
