Tiembla la más oscura e impune estructura construida en Tucumán durante más de 20 años. Su líder, el diputado nacional Carlos Cisneros, está a punto de ser investigado por gravísimos crímenes como lo son la asociación ilícita y la trata de personas. Esto podría suceder a partir del próximo martes si, como pronostican todos los especialistas en derecho penal y la razón misma, son admitidas las pericias que exponen un aberrante entramado para “crucificar” a un puñado de jugadores de fútbol que mantuvieron relaciones sexuales con una joven.
La torpe desidia de los abogados querellantes, acostumbrados a operar con absoluta impunidad, dejó al descubierto la trama oculta que iba a condenar a una perpetua cancelación social y profesional a los deportistas. La estrategia, como siempre, era el escarnio mediático para forzar un acuerdo económico —extorsión, se llamaba antes— y evitar que la causa llegue alguna vez a un juicio oral, donde las pruebas deban sostenerse bajo reglas elementales del derecho.
La artillería financiera de la Caja Popular de Ahorros apuntó exactamente hacia allí: los medios (ver aparte). Se utilizaron todos los recursos disponibles para impedir que la investigación avance, al punto de intentar “elegir” fiscales y jueces complacientes mediante impugnaciones, recusaciones y presiones veladas, tal como quedó expuesto en los mensajes recuperados por las pericias oficiales.
La noche del encuentro: la crónica de una noche sin indicios de trauma
El sábado 2 de marzo de 2024, la empleada de la Caja Popular L.P. se encuentra con los cuatro futbolistas de Vélez Sarsfield en la habitación 407 del Hotel Hilton de San Miguel de Tucumán. No existe registro alguno de violencia o conflicto esa noche. La única acción sospechosa es anterior a cualquier denuncia: el lunes 4 de marzo, a las 19:30, Federico Petraglia —empleado de La Bancaria e identificado como operador de Cisneros— llama al hotel para preguntar por las cámaras de seguridad de la noche del sábado. La denuncia formal por violación se presentaría recién 48 horas después, el miércoles 6 de marzo.
Los mensajes de la denunciante con las amigas
El domingo 3 de marzo de 2024, a las 12:10, L.P. escribe en el grupo de WhatsApp “Reinas de la Noche” que compartía con sus amigas más íntimas: “Ayer me regalaron una chomba de Vélez. Un jugador se la saca y me la da. Tenía su perfume. Cuestión q la use para dormir”. Las respuestas de sus amigas son emojis de risa y un “Nooo q asco jajajaj”. El tono es festivo, de complicidad. No hay rastro de trauma, miedo o dolor. Este chat, recuperado por la fiscalía, establece que 24 horas después del supuesto hecho traumático, la joven celebraba un recuerdo íntimo. La denuncia se presentaría cuatro días más tarde.
Los mensajes entre la denunciante, las amigas y los abogados: el armado
A partir del 12 de marzo de 2024, los chats revelan la puesta en marcha de una maquinaria. Ese día, un mensaje entre operadores celebra: “Carlos logró el cambio de fiscalía”. El juez Babot identificó a “Carlos” como Carlos Cisneros. El 21 de marzo, tras el arresto de los jugadores, un audio capta a los abogados Patricia Neme y Franco Venditti diciendo que van a “hacer pingo a la jueza” Karina Gómez Moreira por “órdenes de arriba”. El 16 de abril, Neme envía un mensaje a la testigo Rosario Molina instándola a declarar: “Y que no te acuerdas de nada”. Las amigas de L.P. declararon, además, que se planeó que “un empleado de Cisneros iba a hacerse pasar por choro” para simular el robo del celular de L.P. y evitar su pericia, y que el propio Cisneros le compró un iPhone nuevo para destruir el dispositivo que contenía un audio risueño sobre la noche con los jugadores.
La aparición de las pericias UFED: maldita tecnología
La tecnología forense israelí UFED ingresó al caso como un elemento demoledor. Capaz de recuperar mensajes, fotos y audios borrados con sus metadatos intactos, desenterró las conversaciones que los implicados creían eliminadas. Las pericias no solo recuperaron los chats incriminatorios (“Carlos logró…”, “hacer pingo…”, “y que no te acuerdas…”), sino que **documentaron el momento exacto en que Patricia Neme eliminó mensajes de los teléfonos de testigos durante una reunión**. La UFED transformó rumores en evidencia con sello de tiempo y certificación de integridad, construyendo una línea de tiempo irrefutable del armado.
La contrademanda de Florentín: de acusado a acusador
El jugador José “Pepe” Florentín, a través de sus abogados Camilo Atim y María Florencia Abdala, presentó una «contrademanda que cambió el eje del caso». Basándose en las pericias UFED y en las declaraciones de las amigas de L.P., acusó formalmente a Carlos Cisneros de ser el jefe de una asociación ilícita y de promover trata de personas al utilizar a L.P. como instrumento de extorsión. La presentación, de 61 páginas, solicitó la detención inmediata de Cisneros, Patricia Neme, Franco Venditti, Federico Petraglia y otros. Florentín pasó de ser un acusado a ser la punta de lanza de una investigación que ahora apunta al corazón del poder.
Los intentos por frenar las pericias: la desesperación legal
Ante el muro de evidencia digital, la estrategia cisnerista viró hacia el bloqueo técnico. Sus abogados presentaron un pedido de nulidad de todas las pericias UFED y de los testimonios de las amigas de L.P., argumentando vicios en la cadena de custodia e “inducción” en las declaraciones. Es un movimiento desesperado de “todo o nada”: buscan que el juez deseche las pruebas que los condenan, sabiendo que sin ellas la causa se desmorona. Paralelamente, han desplegado una cascada de impugnaciones y recusaciones contra fiscales y jueces que avanzan en la investigación, buscando sacarlos del caso para obtener magistrados más permeables, en una clara táctica dilatoria.
Las audiencias y dilaciones: jugar a la ruleta con el tiempo
Cada audiencia se ha convertido en un forcejeo procesal. La defensa cisnerista utiliza cada recurso, cada apelación, cada tecnicismo para ganar tiempo. La próxima audiencia clave, el martes, definirá la admisibilidad de las pericias UFED. Es la jugada final: si el juez las admite, el camino al juicio oral y a las posibles detenciones se despeja irreversiblemente. Si las excluye por un formalismo, el caso retrocede años. Mientras tanto, la propia torpeza de sus abogados los expone: al pedir la detención de Florentín, Patricia Neme adjuntó el informe psicológico que dice que el encuentro fue “inicialmente consentido” y la declaración de L.P. donde afirma que quería “arreglar” pero no la dejaron, regalándole a la fiscalía la prueba de la extorsión.
Esperando el desenlace: la Justicia frente al poder
Todo conduce al martes. Los mensajes recuperados, las confesiones de las amigas, la torpeza autoincriminatoria de los abogados, la contrademanda y los desesperados recursos dilatorios confluyen en una sola decisión judicial. Del otro lado, el aparato completo del poder cisnerista —financiado con los recursos de la Caja Popular que desvió por lo menos USD 2.100 millones de la salud— presiona. La pregunta que flota en los tribunales ya no es sobre la inocencia de los jugadores, sino sobre la capacidad de la Justicia para ver más allá de la cortina de humo de recursos y admitir las pruebas que exponen, en frases textuales y tiempos precisos, la existencia de una organización que operaba desde el Estado. El martes se define si los mensajes que Cisneros no pudo borrar tendrán, por fin, su día en corte.
Pero más allá de la decisión judicial es necesario que el lector comprenda que esos mensajes existen, comprometen y demuestran el armado de la causa. Pueden invalidarse para la causa y perder efecto judicial, pero la torpeza ya nos confirmó aquello de lo que no teníamos dudas pero tampoco pruebas: Cisneros hace y deshace, arma y desarma personas destruyéndoles la fama social o todo lo contrario. Ahora, aunque no sirvan judicialmente, ya tenemos las pruebas.