Paralelamente a la guerra judicial, el cisnerismo desplegó una operación de comunicación multimillonaria, un teatro de la distracción financiado con los recursos de la Caja Popular de Ahorros. Este aparato no buscaba informar, sino desacreditar a la justicia y crear una cortina de humo para ocultar las pruebas digitales. Cada pieza de este engranaje propagandístico cumplió un rol específico, escalando desde la prensa local hasta los medios nacionales.
El primer anillo lo conforman los medios bajo control directo o financiación de la estructura cisnerista, donde la línea editorial es un orden. Primero está La Gaceta, el diario histórico tucumano. Se convirtió en el vocero oficial, publicando editoriales furibundos contra el fiscal Jiménez y omitiendo sistemáticamente las noticias que perjudicaban al diputado, como los allanamientos del 30 de septiembre. La «publicidad oficial» aportatada por Cisneros es la que paga los sueldos.
En una segunda línea, más torpes pero más salvajes están el diario Contexto, pero también Enterate. Este último portal digital, con más de una decena de periodistas han llegado a límites inverosímiles de desprecio a la verdad y los hechos para justificar sus salarios. Enterate comparte oficina con la doctora Patricia Neme.
El intento de nacionalización del abuso
Todo comenzó con una entrevista de la denunciante en el popular canal periodístico Todo Noticias. Fue la única vez que la joven habló con la prensa.
Después siguió con Claudio Savoia y Eduardo Feinmann. En extrañísimas coberturas aisladas, sin contextualizar las graves acusaciones judiciales, replicaron acríticamente el relato de la “censura” generado desde los medios de Cisneros. Savoia lo hizo por Twitter es dos o tres oportunidades y Feinmann directamente por la radio.
Pero no quedó allí. Desde el otro extremo del espectro ideológico la periodista Nancy Pazos (C5N), dio un paso más con una operación de presión directa. Realizó una llamada “virulenta” al director de El Tucumano, Julio Valenzuela, para influir en las publicaciones del medio.
Sin embargo, después de semejante despliegue, todavía faltaba el broche de oro, por su costo. La pieza más cara y espectacular del operativo fue la contratación del abogado mediático Fernando Burlando. Su llegada en jet privado y su jura con bombos y platillos el 10 de diciembre montaron un perfecto show de distracción. Dijo haber llegado a defender la “libertad de prensa”. Pronunció discursos grandilocuentes sobre “oscuridad” y “retroceso medieval”, buscando enmarcar el conflicto como una épica batalla por las libertades.
Sin embargo, la estrategia encontró su límite en la contundencia muda de la evidencia digital. Los chats, las pericias y las confesiones judiciales han demostrado ser más poderosas que cualquier titular comprado. El martes, el juez no decidirá entre dos relatos mediáticos, sino entre el ruido financiado por la Caja Popular y el silencio elocuente de los mensajes que Cisneros no pudo borrar. El aparato mediático más caro de la historia política tucumana podría fracasar ante unas simples líneas de texto recuperadas de un celular.