El Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA) volvió a mostrar para qué existe hoy: recaudar. En medio de un desgaste institucional evidente, cuestionamientos políticos, judiciales y sociales, el organismo anunció un aumento promedio del 31% en sus tasas y aranceles para el expendio de bebidas alcohólicas, que comenzará a regir desde enero de 2026.
La decisión no responde a ninguna política sanitaria seria ni a un plan de prevención del consumo problemático. Es, lisa y llanamente, un manotazo de ahogado. Un intento desesperado por engordar la recaudación antes de que la discusión sobre su continuidad deje de ser teórica y se transforme en una decisión política concreta.
De la “lucha contra el alcoholismo” a la caja
El IPLA fue creado bajo el argumento de proteger la salud pública, pero abandonó hace años los principios que justificaron su existencia. Hoy no previene, no educa y no combate el alcoholismo. Lo que sí hace —y con notable constancia— es cobrar: habilitaciones, permisos eventuales, multas, levantamientos de clausuras y violaciones de fajas, ahora con subas que promedian el 31%.
Todo esto en un esquema absurdo de superposición estatal: municipios, fuerzas de seguridad y áreas de salud ya tienen facultades suficientes para regular el expendio de alcohol. El IPLA no agrega control ni prevención. Agrega costos.
Un ente caro, opaco y sin resultados
Mientras comerciantes y emprendedores soportan una presión fiscal asfixiante, el IPLA sostiene una estructura costosa, burocrática y sin resultados comprobables. No hay estadísticas claras, no hay políticas públicas visibles y no hay impacto real en la reducción del consumo problemático.
Por eso no sorprende que se acumulen proyectos legislativos, acciones judiciales y reclamos públicos que plantean lo evidente: el IPLA es prescindible.
La única defensa: sus empleados
En este contexto, la supervivencia del organismo es defendida exclusivamente por sus propios empleados, un núcleo corporativo que pelea con uñas y dientes para sostener una estructura estatal que perdió sentido.
Según señalan sus críticos, se trata de una planta sobredimensionada, ineficiente y sin formación específica, con bajo rendimiento y escasa productividad, cuyos integrantes difícilmente podrían reinsertarse en otro ámbito fuera del Estado. No defienden una política pública: defienden su salario.
Intervención eterna y desgaste terminal
La prolongación de la intervención del IPLA no ordenó el organismo ni mejoró su funcionamiento. Por el contrario, profundizó la discrecionalidad, multiplicó los conflictos y aceleró el desgaste institucional. Frente a cada cuestionamiento, la respuesta es siempre la misma: más controles, más multas y ahora un aumento promedio del 31% en las tasas.
Un final anunciado
La suba de aranceles no es una política sanitaria. Es un síntoma. El síntoma de un organismo que sabe que su tiempo se acaba y que intenta llegar con algo de caja al momento de su definición final.
En Tucumán, cada vez más sectores coinciden en que el IPLA ya no es parte de la solución, sino parte del problema. Y que sostenerlo, en nombre de una misión que dejó de cumplir hace años, implica seguir financiando otro fracaso del Estado provincial.