Luego del rechazo de la tesorera Micaela Sánchez a convertirse en colaboradora, la Justicia se dispone a examinar la enorme cantidad de evidencia acumulada en las últimas semanas dentro de la investigación por presunto lavado de activos contra Sur Finanzas, la empresa de Ariel Vallejo vinculada a Claudio “Chiqui” Tapia y a la AFA.
El magistrado federal de Lomas de Zamora Luis Armella requirió este viernes la participación de un organismo especializado para que, junto con el Ministerio Público Fiscal y la eventual colaboración de otras entidades, sistematice y catalogue todo el material recogido hasta ahora.
Entre allanamientos, citaciones y órdenes de presentación –muchas de ellas en clubes de fútbol– se ejecutaron en total 73 procedimientos en los que las fuerzas judiciales recopilaron una gran variedad de elementos, que incluyen papeles, anotaciones, teléfonos móviles, computadoras y otros soportes de almacenamiento.
“Como consecuencia de dichas medidas, se cuenta con un volumen abundante de elementos y dada la complejidad de la investigación aquí sustanciada, entiendo que resulta necesario compilar, organizar y analizar la misma a los efectos de obtener las pruebas e indicios que pudieran surgir, como así, eventualmente y en caso de corresponder, practicar nuevas medidas de prueba y/o peritajes en la especialidad”, fundamentó el juez en su última resolución.
A través de ese escrito, Armella derivó el caso a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DAJuDeCO), una unidad de apoyo dependiente de la Corte Suprema que interviene líneas telefónicas, elabora informes técnicos y realiza pericias para fiscales y jueces en causas de alta complejidad.
El magistrado pidió que se actúe con “la mayor celeridad y prontitud” posible, “dada la complejidad e implicancias de la presente investigación”.
Los operativos abarcaron las instalaciones deportivas y administrativas de 18 clubes de fútbol, como San Lorenzo, Racing, Independiente y Barracas Central; las oficinas centrales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y domicilios relacionados con Vallejo y su financiera.
De la sede central de Sur Finanzas, ubicada en Adrogué, la Justicia obtuvo información de 44 individuos. Vallejo entregó su teléfono celular junto con el de su madre, Cecilia Vallejo, tras la primera oleada de allanamientos. En el dispositivo, como ya informó este medio, existen diálogos con diversos dirigentes del ámbito futbolístico.
“Se está analizando todo”, señaló una fuente con conocimiento del expediente.
Esos dos teléfonos y varios más, como los que la Policía halló ocultos en el asiento de una camioneta, forman parte del acervo probatorio en poder de la Justicia.
Uno de los allanamientos se concretó en un depósito en Turdera –cerca de Adrogué– después de que una llamada anónima alertara sobre movimientos extraños en el lugar, ocurridos aproximadamente veinte días atrás: camionetas con la identificación de la empresa Sur Finanzas entraban y salían llevando cajas que se guardaban en el galpón.
Cuando la Policía llegó al sitio, al día siguiente de la denuncia, tras verificar la veracidad de los datos, se encontró con la tesorera de la financiera, Micaela Sánchez, trasladando cajas con documentación de la firma y con cinco teléfonos celulares escondidos en el asiento de una camioneta.
La mujer fue detenida e indagada. La fiscalía le ofreció en dos oportunidades, a ella y a su abogado, acogerse al régimen de colaboración. La tesorera, sin embargo, declinó convertirse en arrepentida y optó por no prestar declaración ni responder preguntas, según indicaron fuentes al tanto de esas conversaciones.
La causa no es reciente, pero experimentó un punto de quiebre el mes pasado. El expediente se inició en julio como una pesquisa sobre el club Banfield, por un posible lavado de dinero, pero adquirió mayor envergadura en noviembre con la denuncia del Gobierno contra la financiera de Vallejo.
La presentación judicial estuvo a cargo de la Dirección General Impositiva (DGI), entonces bajo la órbita del hoy director de la ARCA, Andrés Vázquez. Fue el resultado de una investigación comenzada en abril del año pasado, en la que el organismo advirtió una serie de transferencias sospechosas cuyos montos no coincidían con el perfil económico de los titulares de las cuentas.
Uno de los casos, divulgado por LA NACION, es el de un monotributista de la categoría más baja, sin propiedades y con apenas un automóvil modelo 2008 a su nombre, que en solo cuatro meses movilizó $7.000 millones.
El total de las operaciones que llamaron la atención de la DGI superaba los 800 mil millones de pesos. Por esos movimientos, el organismo reclamaba el pago de más de 3 mil millones de pesos en impuestos.
La quinta
En paralelo al expediente de Sur Finanzas avanza la causa que indaga la lujosa quinta en Villa Rosa, Pilar, a nombre de un monotributista y una jubilada, pero de la que se sospecha sería en los hechos propiedad del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.
La propiedad cuenta con más de 10 hectáreas, un amplio galpón donde la Justicia encontró una valiosa colección de automóviles –muchos de alta gama, como tres Porsche– y una pista de aterrizaje para helicópteros.
En el allanamiento, ordenado por el juez Daniel Rafecas, también se halló un bolso con el nombre de Toviggino, una placa en la que es homenajeado por el club Barracas Central, vinculado al “Chiqui” y, como parte de la flota de vehículos, dos karts idénticos a los que utilizó su hijo Máximo en competencias oficiales.
El caso pasó al fuero Penal Económico y el juez Marcelo Aguinsky busca ahora determinar quiénes viajaron en los vuelos a la quinta. Para ello, solicitó a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) que informe con carácter urgente el listado de pilotos que operaron en el helipuerto.