A esta altura, ya resulta ingenuo creer que las ordenanzas del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán responden a repentinos brotes de amor por la identidad cultural, el turismo o el orden urbano. La declaración de la achilata como “producto de interés turístico municipal” encaja, en realidad, en una lógica mucho más prosaica y persistente: recaudar más para financiar una estructura política tan costosa como voraz.
El episodio de la achilata no es una excepción, sino un capítulo más de una política sistemática del Concejo y de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán: avanzar sobre actividades populares, informales o de subsistencia para convertirlas en nuevas fuentes de ingresos fiscales. Antes fueron las aplicaciones de transporte en moto; ahora, los achilateros. Siempre los mismos: los que trabajan en la calle, sin lobby ni despacho.
Mientras el oficialismo envolvía la ordenanza en un discurso edulcorado sobre turismo y formalización, el trasfondo era idéntico al de otras regulaciones recientes: controlar, obligar, cobrar. Afiliación sindical compulsiva, cuotas, alquiler de carritos, monotributo, puntos de venta limitados. El folklore termina justo donde empieza la caja.
Este patrón se entiende mejor cuando se observan los números. Un informe de la Fundación Libertad reveló que el Concejo Deliberante capitalino es uno de los más caros de la Argentina: $1.090 millones anuales por cada uno de sus 18 concejales, ocho veces más que en ciudades como Mendoza. En gasto por habitante, San Miguel de Tucumán también integra el top five nacional, con casi $60.000 por persona al año destinados a sostener al cuerpo legislativo local. El promedio nacional queda pulverizado.
Frente a semejante desborde, la reacción no fue la austeridad ni la reducción del gasto político. Fue exactamente la contraria: crear nuevos contribuyentes forzosos. Así ocurrió con la ordenanza que grava el transporte de pasajeros en moto a través de aplicaciones —una actividad usada mayoritariamente por sectores populares— y ahora con la achilata, transformada de bebida veraniega en excusa tributaria.
El mensaje es claro: cuando las cuentas no cierran, el ajuste nunca cae sobre la política, sino sobre quienes trabajan para no caer en la pobreza. Como señaló el economista Javier Bongiovanni, se trata de un gasto político “muy difícil de justificar” en un contexto de presión impositiva asfixiante y servicios públicos deficitarios. Pero en Tucumán, esa advertencia parece irrelevante.
La ordenanza de la achilata reproduce el mismo esquema perverso: no ordenar para mejorar, sino regular para recaudar. Bajo la retórica de la formalización laboral, el Estado municipal se reserva el poder de decidir quién puede trabajar y quién no, a qué costo y bajo qué intermediarios. El resultado no es justicia social, sino una transferencia de recursos desde la economía popular hacia una burocracia que no se autofinancia, pero sí se autojustifica.
Así, la “ruta de la achilata” se parece menos a un circuito turístico y más a un peaje encubierto. Y el interés municipal por la bebida típica no parece tener que ver con su sabor ni con la identidad tucumana, sino con algo mucho más refrescante para el poder: seguir exprimiendo a los de abajo para sostener el costo obsceno de los de arriba.