En la apertura de las sesiones extraordinarias en la Cámara de Diputados, el oficialismo obtuvo la media sanción del Presupuesto para 2026, aunque recibió un duro golpe: la oposición rechazó por completo el capítulo XI, donde Javier Milei buscaba, entre otros puntos, eliminar la ley de discapacidad y el financiamiento universitario.
La aprobación general, que ahora pasará al Senado, quedó marcada por esta importante derrota. El rechazo al capítulo XI fue calificado como un fracaso por los propios libertarios, al punto de que comenzó a especularse con la posibilidad de un veto presidencial a la ley de Presupuesto.
El triunfo en la votación general se logró con el respaldo del interbloque Pro-UCR y de varios gobernadores peronistas cercanos al Gobierno: Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones) y Marcelo Orrego (San Juan). El resultado final fue de 132 votos a favor, 97 en contra y 19 abstenciones, la mayoría de ellas del bloque Provincias Unidas.
Para asegurar esta mayoría, el oficialismo mantuvo negociaciones intensas hasta altas horas de la noche con gobernadores y bloques aliados, a quienes ofreció diversas contraprestaciones a cambio de su apoyo.
Sin embargo, el mayor desafío apareció durante la votación en particular de los artículos, donde el Gobierno no tenía garantías. El artículo 75, el más conflictivo, proponía derogar las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad. El Ejecutivo ya había suspendido la vigencia de ambas normas, a pesar de que ambas cámaras del Congreso habían rechazado el veto presidencial.
Consciente de que ese artículo podía caer, el jefe del bloque oficialista Gabriel Bornoroni impulsó que la votación en particular se realizara por capítulos –y no por artículos– para diluir el ataque opositor. Si bien logró el apoyo de los aliados, al caer la tarde surgieron nuevas alertas: algunos de ellos, decididos a capitalizar su voto ante un oficialismo necesitado, adelantaron que no avalarían el capítulo XI, donde se encontraba el artículo en disputa.
Los libertarios redoblaron las tratativas durante la madrugada y delinearon una estrategia de último momento. Para sumar voluntades, Alberto «Bertie» Benegas Lynch anunció cambios en el texto: se incorporaría un artículo que facultaría al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a girar a la Ciudad de Buenos Aires los fondos de coparticipación reclamados por el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, y avalados por un fallo de la Corte Suprema. Era un reclamo central de Pro.
Esta cláusula fue colocada intencionalmente en el capítulo XI, con el objetivo de proteger el resto del articulado. En ese mismo apartado, el oficialismo también trasladó el financiamiento de $21.300 millones destinado al Poder Judicial, que quedaría bajo la órbita del Consejo de la Magistratura. Con esta maniobra buscaban, según admitieron, evitar una eventual judicialización posterior.
La reacción opositora fue inmediata y contundente. «Le ponen un condicionamiento al Poder Judicial para que ni se le ocurra judicializar el capítulo XI, porque se les cae el financiamiento. Son unos chantas y eso es lo que están haciendo ahora», vociferó Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria.
No obstante, al momento de la votación, la jugada resultó insuficiente. Se aprobaron todos los capítulos, excepto el XI, que fue rechazado por 123 votos contra 117, con dos abstenciones.
El Gobierno no logró retener a los catamarqueños alineados con Raúl Jalil, a los tucumanos de Osvaldo Jaldo ni a un grupo de radicales que se negaron a avalar las maniobras oficialistas.
El capítulo XI no solo contenía la cláusula sobre la coparticipación porteña y el financiamiento del Poder Judicial, sino que también incluía una serie de derogaciones sensibles: eliminaba la ampliación del régimen de zonas frías, dejaba sin efecto la movilidad de las asignaciones familiares y prorrogaba la emergencia en salud pediátrica. Todo esto quedó sin efecto.
Las tratativas
Con el ministro del Interior Diego Santilli instalado en el despacho del presidente de la Cámara Martín Menem, las conversaciones se extendieron hasta el último minuto. «Se están cotizando caro los aliados», se lamentaban anoche en el entorno del jefe de la cartera política.
Los bloques provinciales se mostraron firmes en las últimas horas. El espacio Elijo Catamarca, liderado por el gobernador Raúl Jalil, negoció hasta el final. Uno de sus diputados, Sebastián Nóblega, describió al Presupuesto como una «herramienta central de planificación», pero dijo estar «decepcionado» por la insistencia del Gobierno en derogar normas «por la ventana» ya sancionadas por el Congreso. Reclamó más obras para Catamarca y cuestionó la falta de definiciones sobre la restitución del control del YMAD, el organismo minero que opera en territorio catamarqueño.
En la misma línea se expresaron los salteños alineados con el gobernador Gustavo Sáenz. El diputado Pablo Outes advirtió que los $1700 millones previstos para obras son insuficientes. Señaló que las rutas nacionales en zonas fronterizas son estratégicas y están «detonadas», lo que puede generar «situaciones de debilidad con los países que nos rodean». También criticó la falta de definiciones en educación y discapacidad.
El desarrollo del debate
Contrario a lo previsto, el oficialismo tuvo dificultades desde el inicio de la sesión. Por poco no alcanza el quorum para comenzar el debate y, a lo largo de la jornada, los aliados condicionaron su apoyo a los artículos más polémicos del texto a cambio de más concesiones –obras públicas, Aportes del Tesoro Nacional y espacios de poder– para sus provincias.
Aunque el debate público transcurrió sin mayores inconvenientes, en los pasillos se sucedían las negociaciones de los referentes oficialistas para asegurar el voto de los aliados que, hasta el final, hacían llegar nuevos reclamos al ministro Santilli.
El radical Pablo Juliano (Provincias Unidas) expuso estas maniobras en voz alta. Acusó al Gobierno de jugar «a la casta más rancia» y denunció el reparto discrecional de ATN para conseguir apoyos al Presupuesto: «Premian a los que mandaron al arco y castigan a las provincias con las cuentas ordenadas».
Las concesiones del Gobierno fueron variadas: desde ATN hasta obras públicas y avales de la Nación para autorizar endeudamiento provincial.
El proyecto de presupuesto 2026 enviado por el Poder Ejecutivo proyecta un crecimiento de la economía del 5% del PBI, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio de $1423 para diciembre de 2026, por debajo del valor actual. Además, prevé un aumento del 10,6% en las exportaciones y del 11% en las importaciones. En materia fiscal, el Gobierno estima un superávit primario del 1,5% del PBI y un superávit financiero –una vez pagados los intereses de la deuda– del 0,2% del PBI.
El presidente de la Comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, dio inicio al debate con un discurso en el que elogió al presidente Javier Milei «por la batalla cultural» para imponer el equilibrio fiscal y embistió contra el kirchnerismo por «degradar al Congreso e impulsar leyes bochornosas».
Desde Unión por la Patria, Julia Strada le reprochó al oficialismo que, contrario a lo que predica, impulsó políticas y leyes sin su correspondiente fuente de financiamiento.
«Eliminaron el único impuesto a la riqueza en la Argentina, bienes personales; impulsaron beneficios fiscales en el RIGI (Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones) sin detallar su costo fiscal; redujeron en dos oportunidades las retenciones al campo y la minería. Está claro que se busca atacar a los sectores populares», afirmó.
«Este presupuesto ratifica el rumbo impuesto por Milei de más ajuste, más recesión, pérdida de salario y de consumo», cuestionó, por su parte, Victoria Tolosa Paz, quien, junto a Agustín Rossi, objetó el nuevo intento del Gobierno de eliminar las leyes de financiamiento universitario y de discapacidad. «Buscan derogarlas por la ventana violando la ley de administración financiera», planteó.
El kirchnerismo anticipó, al igual que la izquierda, que no acompañaría el presupuesto. Tampoco lo haría Provincias Unidas, aunque, a diferencia de Unión por la Patria, contribuyó a dar quorum a último momento.
«Anoten: estuvieron a punto de que se caiga la sesión, pero este bloque se sentó para que haya debate», enfatizó Nicolás Massot, quien planteó que la disyuntiva, en esta discusión presupuestaria, es cómo conciliar la libertad con la igualdad.
«Lo que estamos discutiendo es si hay libertad con igualdad desfinanciando la salud pediátrica y el sistema universitario. ¿Dónde está la igualdad cuando el Gobierno, que dice que no hay dinero, sí apareció el dinero para bajar Bienes Personales, alentar un blanqueo e impulsar un dólar barato, para bajarle el impuesto a los autos importados y la electrónica? No hay libertad posible en medio de tanta inequidad», reprochó.
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