El Ministerio Público Fiscal de Tucumán, a cargo de Edmundo «Pirincho» Jiménez, ha comprometido un monto superior a los 52 millones de pesos en campañas publicitarias en redes sociales a lo largo de un año, según consta en resoluciones recientes del Tribunal de Cuentas provincial.
Los documentos, emitidos el 12 de diciembre de 2025 y a los que este medio accedió, detallan tres adjudicaciones directas para la promoción de contenido institucional en las plataformas X (antes Twitter), YouTube y TikTok. Todos los fondos provienen del llamado «Excedente Financiero MP. Fiscal», alojado en cuentas del Banco Macro.
Acuerdos de gran escala en redes globales
De acuerdo con el Acuerdo N° 5698, el Tribunal de Cuentas intervino en la Contratación Directa N° 56/2025, a través de la cual el organismo fiscal adjudicó a X Corp la difusión de avisos en dicha red social por un total de $15.120.000. El contrato tiene una vigencia de 12 meses, con desembolsos «mensuales y variables».
El texto de la resolución indica que la Resolución N° 102/25 del MPF «aprueba los trámites cumplidos y, en consecuencia, autoriza la contratación directa para la contratación de anuncios publicitarios X». Asimismo, ordena «la aplicación de los fondos de la cuenta corriente ‘Excedente Financiero MP. Fiscal’ del Banco Macro S.A.».
A esta cifra se agrega lo autorizado en el Acuerdo N° 5697, que examina la Contratación Directa N° 57/2025 para publicidad en YouTube, otorgada a Google Ads. En este caso, el gasto proyectado es de $10.800.000, también por un período de doce meses y con un sistema de pagos mensuales.
El acuerdo especifica que los recursos se cargan a la cuenta «Excedente Financiero MP. Fiscal» y que el mecanismo de pago se ejecuta conforme a la operatoria de una tarjeta corporativa de crédito, previamente habilitada por resolución ministerial.
La partida más cuantiosa surge del Acuerdo N° 5696, relacionado con la Contratación Directa N° 58/2025 para publicidad en TikTok, adjudicada a ByteDance Ltd. El contrato fue aprobado por un monto de 18.000 dólares, lo que, según el propio expediente, equivale a un gasto estimado de $26.280.000 al tipo de cambio aplicado al cierre de la tarjeta corporativa.
El Tribunal de Cuentas señala que los consumos «se debitarán mensual y automáticamente de la mencionada cuenta, efectuando la entidad emisora la conversión a moneda nacional a la fecha de cierre del resumen».
Una erogación total que ronda los $52 millones y plantea cuestionamientos
En su conjunto, las tres contrataciones autorizadas para publicidad digital suman un monto cercano a los $52.200.000, todos provenientes de excedentes financieros del propio Ministerio Público Fiscal y ejecutados mediante el procedimiento de contratación directa, figura contemplada en la Ley N° 6970.
Si bien en los tres casos el Tribunal de Cuentas resolvió devolver las actuaciones al organismo de origen, lo hizo a solicitud del propio MPF y sin observaciones de fondo sobre los procedimientos, dejando constancia formal de los montos y los mecanismos empleados.
La magnitud de los recursos asignados a pauta publicitaria en redes sociales resulta significativa al contrastarla con la función específica que la Constitución y las leyes asignan al MPF, centrada en la investigación del delito, la promoción de la acción penal y la administración de justicia, y no en la comunicación masiva o la construcción de imagen institucional.
En un contexto de restricciones presupuestarias estructurales del sistema judicial, donde las fiscalías suelen reclamar más personal, equipamiento y recursos para investigar, la decisión de destinar más de $52 millones a avisos en plataformas privadas internacionales suscita interrogantes sobre las prioridades de gestión. También genera inquietudes respecto a la racionalidad del gasto y al impacto real que este tipo de campañas tiene en el acceso a la justicia y en la efectiva persecución penal.
