“Tengo una de 16”. Esa frase, pronunciada con frialdad, resonó ayer en el juzgado federal de Garantías N°1 de Salta y dejó un silencio helado entre los presentes. La voz pertenecía a un remisero, señalado como el principal organizador de una red de explotación sexual que operaba en el sur de la capital salteña, a pocos metros de una escuela. Su Volkswagen Voyage blanco, antes un vehículo de trabajo, se había convertido en un símbolo de terror para las adolescentes del colegio.
El magistrado federal Julio Leonardo Bavio dispuso la prisión preventiva para siete de los ocho imputados. Entre ellos se encuentran el remisero, dos empresarios detenidos en septiembre y otros integrantes de la organización, a quienes se les sumó la acusación por asociación ilícita. Un hombre oriundo de Campo Quijano recibió arresto domiciliario, según confirmaron desde la Justicia Federal. La investigación avanza con pericias a teléfonos móviles y la apertura del secreto bancario para rastrear movimientos de dinero, ya que la Fiscalía sostiene que las estudiantes vírgenes eran ofrecidas por sumas de hasta $200 mil.
En las últimas horas, la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta, Cristina Fiore, adelantó que el área jurídica de su cartera evalúa constituirse como querellante en la causa.
El caso, calificado por los fiscales como “de una gravedad sin precedentes”, involucra a nueve personas y deja al descubierto una trama sistemática de captación, abuso, filmación y coacción de jóvenes de entre 12 y 17 años. Las víctimas eran alumnas de cuarto y quinto año del establecimiento educativo cercano a la zona de operaciones del remisero. Algunas provenían de familias de clase media, otras de contextos más vulnerables. Todas compartían la confianza en un remisero conocido del barrio, sin sospechar que se convertiría en su captor.
El origen de la pesquisa
Todo comenzó a develarse a partir de un descubrimiento doméstico. Una madre encontró que su hija tenía un teléfono celular de alta gama que nadie en la familia le había comprado. Al revisar los mensajes, halló conversaciones de contenido sexual, algunas incluso mencionando a su otra hija, de apenas 12 años. La denuncia inicial fue desestimada por la justicia ordinaria, pero a mediados de este año la Fiscalía decidió reabrir el expediente, sumando un equipo reforzado con la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).
Los investigadores reconstruyeron un esquema metódico. El remisero captaba a las adolescentes, ganaba su confianza y luego las ofrecía sexualmente a clientes. Las jóvenes eran trasladadas en su Volkswagen blanco, a veces ocultas bajo los asientos o en el baúl, para evitar ser vistas. Los abusos se cometían en moteles sobre la ruta nacional 26, camino a La Isla, y también en domicilios de los acusados, donde además se consumían estupefacientes. Algunos episodios son desgarradores: una adolescente fue obligada a ingresar al baúl del auto y, en otros, las víctimas eran forzadas a participar en tríos, orgías o despedidas de soltero.
Precios, tiempos y claves
Los audios incorporados a la causa revelan la crudeza del negocio. En ellos, el remisero coordinaba encuentros, describía a las víctimas y detallaba los pagos que recibiría. En algunas grabaciones se escuchan frases estremecedoras: “somos cinco”, “tengo una chica de 16 años”. Además, exigía a las jóvenes que enviaran fotos o videos, material que luego utilizaba para amenazarlas y mantenerlas bajo su dominio. Cada encuentro estaba cronometrado: 18 minutos exactos, incluso durante los horarios libres del colegio, y los precios eran calculados con precisión: un beso costaba $60 mil, el sexo oral sumaba $20 mil, y si la víctima era virgen, el monto ascendía a $200 mil. Para coordinar, los acusados usaban una clave: “vamos a hacer la onda”.
El informante
El control sobre las adolescentes se extendía a otros miembros de la red. Un menor de 16 años, amigo de algunas de las víctimas, proporcionaba datos sobre quiénes podían ser más vulnerables, quiénes eran vírgenes o qué problemas familiares tenían. Por esa información recibía dinero y se transformaba en otro engranaje de la maquinaria de explotación. Las chicas estaban sometidas y amenazadas: si se negaban, el remisero prometía llamar a sus padres. Algunas justificaban lo que hacían por dinero, regalos o la posibilidad de comprarse ropa o celulares, pero la fiscalía concluyó que estaban bajo una presión psicológica constante.
Entre los episodios que más impactaron a los investigadores se cuentan el acoso a la hermana menor de una víctima y el intento de llevarse a otra alumna desde una parada de colectivo. La sola visión del Volkswagen blanco cerca de la escuela provocaba pánico instantáneo en las adolescentes, que temían ser captadas nuevamente. El miedo, la manipulación y las amenazas de los adultos habían convertido a ese vehículo en un elemento de terror cotidiano.
Los aprehendidos
Las primeras detenciones se realizaron en septiembre: el remisero, los dos empresarios, un hombre de Campo Quijano y un estudiante del mismo colegio de 16 años, quien luego fue liberado al sospecharse que había sido manipulado por los adultos. Posteriormente, se sumó un militar y tres adultos más, alcanzando un total de nueve personas implicadas y ocho formalmente imputadas.
Allanamientos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria permitieron secuestrar teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento, marihuana, aceite de cannabis, pastillas para la estimulación sexual, juguetes eróticos, documentación y material audiovisual. La fiscalía no descartó que uno de los empresarios también pueda ser acusado por suministro de drogas a menores, evidenciando la complejidad del entramado delictivo.
Las afectadas
El defensor de Víctimas de Salta, Nicolás Escandar, confirmó que hasta el momento once víctimas del caso de trata que habría operado en una escuela de la zona sur de la capital ya designaron representación legal, aunque advirtió que el número podría superar las treinta a medida que avance la investigación. Explicó que muchas de las niñas no desean participar del proceso judicial por el profundo impacto emocional y la vergüenza que suelen acompañar este tipo de delitos de índole sexual. “Algunas no quieren saber nada, no quieren que se les hable del caso, y cuando esa decisión es libre y voluntaria, nosotros la respetamos”, señaló Escandar, al tiempo que destacó que en algunos casos, con el paso del tiempo, las víctimas deciden incorporarse al proceso. El funcionario precisó además que la causa se encuentra en una etapa inicial, luego de las audiencias de formalización. En ese contexto, siete acusados permanecen con prisión preventiva, uno en prisión domiciliaria y otro en libertad, mientras que un menor está siendo evaluado para determinar si su participación se enmarca en la cláusula de no punibilidad prevista en la ley de trata, ya que podría haber pasado de víctima a victimario.
Por su parte, la Fiscalía sostuvo que la red operaba con un sistema de captación y control estable, prolongado durante meses, que convirtió la vida de varias adolescentes en un infierno silencioso. Lo que comenzó como un hallazgo doméstico se transformó en una investigación que mostró la crudeza de un delito organizado, perpetrado a plena luz del día y a escasos metros de un colegio.
El juez Bavio coincidió con el fiscal Eduardo Villalba en que existía “un riesgo concreto de entorpecimiento” de la investigación. La sala, cargada de tensión, dejó en evidencia la gravedad de la red: un entramado meticuloso, organizado y cruel que operó con precisión, dejando secuelas físicas y psicológicas irreparables en adolescentes que solo buscaban estudiar y vivir su adolescencia. El Volkswagen blanco, los moteles, los mensajes, los audios, todo formaba parte de un engranaje que hoy la Justicia busca desmantelar.