Un inusual secuestro de pistolas calibre nueve milímetros en la provincia fue el puntapié inicial de una investigación sin precedentes en la historia criminal de Tucumán. Luego de una pesquisa que se extendió durante casi dos años, el fiscal federal Agustín Chit logró identificar a una organización dedicada a la venta de armas en el mercado negro, que estaría vinculada con el tráfico internacional de este tipo de elementos.
Los hechos se remontan a diciembre de 2023. En un control de rutina efectuado en Aguilares, efectivos de Gendarmería Nacional detuvieron un ómnibus con destino a Mendoza. Dos hombres de nacionalidad chilena manifestaron nerviosismo e incluso agresividad cuando los uniformados solicitaron su identificación.
Al revisar su equipaje, los gendarmes hallaron ocho pistolas de calibre nueve milímetros junto a trece cargadores. Alejandro Piero Arias Glaria y Francisco Eduardo Cáceres fueron arrestados al no poder acreditar la procedencia del armamento ni presentar los permisos necesarios para su tenencia y transporte. Así se inició una causa que marcaría un hito en los últimos veinte años.
Chit, junto a su equipo, se abocó a rastrear el origen de las armas incautadas a los ciudadanos chilenos. «La investigación permitió dilucidar parcialmente el funcionamiento del mercado ilegal de armas en Tucumán y cómo este circuito abastece el acopio y el tráfico transfronterizo», explicó el fiscal al requerir allanamientos contra nueve individuos.
Empleados en la mira
E.M.T. -presunto instructor de tiro-, junto con A.N.B. y M.N.B., empleados de una armería situada en Chacabuco al 100, habrían sido los responsables de simular operaciones de compraventa de armas registradas a nombre de terceros que acudían al local para venderlas.
Los sospechosos, cuyas identidades no pueden revelarse al no haber sido aún procesados, habrían aprovechado su puesto laboral y su expertise técnica para reclutar a personas habilitadas como usuarios legítimos, con el fin de que inscribieran armas a su nombre para luego derivarlas al circuito clandestino.
Tres prestanombres
La pesquisa también determinó que S.A.L., J.A.R. y D.A.R.N. habrían usado su condición de usuarios legítimos para aparecer como compradores de armas que posteriormente eran vendidas en el mercado negro. Las pistolas decomisadas a los chilenos estaban registradas a sus nombres.
Según el trabajo de Gendarmería Nacional, los dos primeros son empleados de una conocida empresa de seguridad privada. Ambos tendrían varias armas registradas, a pesar de no contar con ingresos que justificaran dichas adquisiciones.
La investigación también estableció que la comercialización de las pistolas habría estado a cargo de G.E.D., quien se dedicaría a la venta ilegal de armas y municiones. Según las pesquisas, este individuo recibía el armamento adquirido de manera irregular para luego introducirlo en el mercado clandestino.
Para concretar las operaciones, habría utilizado como intermediarios a N.A.F. y a R.R.F., figuras clave en la transacción realizada con los compradores chilenos.
Cómo fue la operación de venta
EL ORIGEN DE TODO. Las pistolas que fueron secuestradas en diciembre de 2023 en un procedimiento realizado en Aguilares.
Según fuentes judiciales, la venta debía realizarse al día siguiente en el hotel donde se hospedaban los compradores, pero surgió un inconveniente de último momento. N.A.F., quien debía entregar las pistolas y los cargadores, fue demorado por la Policía por motivos que no trascendieron. Finalmente, la transacción se concretó el 18 de diciembre de 2023 en la plaza Alberdi. R.R.F., padre de quien debía cerrar el acuerdo, fue quien entregó las armas y recibió el dinero.
Al día siguiente, los dos ciudadanos chilenos abordaron un micro con destino a Mendoza, desde donde planeaban cruzar la frontera hacia su país. La elección del transporte terrestre no fue casual: existen menos controles y, en un aeropuerto, no habrían podido sortear los detectores de metales.
Varios allanamientos
En diciembre de 2024, el fiscal Chit presentó las evidencias necesarias para solicitar una serie de allanamientos en los domicilios de los investigados. En el fuero federal, el representante del Ministerio Público debe fundamentar por escrito los motivos del pedido y detallar las pruebas reunidas, un requerimiento que debe ser autorizado por un juez.
La causa puso en evidencia las dificultades que generan las vacantes en la Justicia Federal, además de los cuestionamientos surgidos por la existencia de una investigación paralela en Mendoza en la que también están involucrados los ciudadanos chilenos. Días atrás, el magistrado Guillermo Díaz Martínez autorizó la realización de allanamientos en distintos puntos del Gran San Miguel de Tucumán y del interior provincial.