La audiencia que se realizará mañana, viernes 18 de diciembre, en el marco del denominado Caso Vélez, no es una discusión técnica menor. Lo que estará en debate es el intento de los abogados de La Bancaria de hacer caer, por vía de nulidades formales, las pruebas más determinantes del expediente, aquellas que dejaron al descubierto indicios concretos sobre la conformación de una presunta asociación ilícita destinada a armar la denuncia contra los futbolistas Sebastián Sosa, José Florentín Bobadilla, Braian Cufré y Abiel Osorio.
El planteo de nulidad fue impulsado por los querellantes Patricia Neme, Franco Venditti y Patricio Char, y apunta directamente contra las pericias tecnológicas UFED, el corazón probatorio del expediente. No se cuestiona lo que esas pericias revelaron, sino el procedimiento, con un objetivo preciso: excluir del proceso la evidencia que desmonta la versión original de los hechos y deja expuesta una planificación previa.
Las pericias cuestionadas no fueron impulsadas de oficio ni realizadas por peritos privados. Fueron solicitadas formalmente por la abogada Florencia Abdala, defensora del exjugador José Ignacio Florentín Bobadilla, y ejecutadas por peritos oficiales del Ministerio Público Fiscal, utilizando tecnología forense certificada y con cadena de custodia documentada y compartida por todas las partes.
Los dispositivos periciados fueron los teléfonos celulares de María de Milagros Castellote y Rosario Molina, ambas testigos aportadas por la denunciante. No se trató de una exploración indiscriminada, sino de pericias ordenadas judicialmente sobre teléfonos de testigos clave del relato acusatorio.
Las pericias se realizaron mediante dispositivos UFED Cellebrite, tecnología forense de origen israelí utilizada por fiscalías y tribunales de todo el mundo. Se trata de un sistema especializado en recuperación de mensajes, audios, imágenes y metadatos que los usuarios creyeron haber eliminado de forma definitiva, permitiendo reconstruir conversaciones, secuencias temporales y vínculos ocultos.
Es precisamente ese contenido recuperado el que hoy los abogados de La Bancaria intentan anular.
Si prospera el planteo, quedarían fuera del expediente pruebas clave:
– Mensajes posteriores al encuentro en los que no aparece ningún relato de violencia ni de abuso, sino intercambios de tono distendido que contradicen la hipótesis del ataque sexual.
– Conversaciones previas a la denuncia, donde se registran gestiones anticipadas, consultas y movimientos realizados cuando todavía no existía causa penal alguna.
– La trazabilidad temporal de llamadas y mensajes, que permitió establecer pedidos de cámaras de seguridad y contactos clave antes de la denuncia formal, un dato central para la hipótesis de armado.
– Mensajes en los que la propia denunciante manifiesta no tener poder de decisión, afirma que debía “cumplir órdenes” y reconoce condicionamientos externos.
– Intercambios entre testigos, donde se discute qué decir, cómo declarar y cómo sostener una versión común, lo que llevó a analizar la existencia de una estructura organizada y no testimonios independientes.
– La identificación de nuevos nombres y vínculos, surgidos exclusivamente de la evidencia digital recuperada, que ampliaron el alcance de la investigación.
La gravedad del intento de nulidad fue explicada públicamente por la abogada Florencia Abdala en diálogo con el programa radial de Dante Erbetta. Allí dejó en claro que no se trata de interpretaciones, sino de prueba técnica producida por el propio Estado.
“Todo lo que denunciamos está respaldado por mensajes extraídos y preservados por peritos oficiales. La cadena de custodia fue compartida por todas las partes y está en el expediente. No hay interpretaciones: hay evidencia técnica que muestra cómo se construyó un relato y cómo se borraron pruebas para sostenerlo. El objetivo de esta maniobra fue instalar una denuncia para generar impacto mediático, presionar al sistema judicial y operar desde adentro del poder sindical”, afirmó.
Ese es el núcleo del conflicto que se debatirá mañana. No se discute si la prueba existe, sino si puede ser eliminada del expediente cuando ya cumplió su función más incómoda: dejar al descubierto el armado previo de la causa.
La audiencia definirá si la Justicia permite que formalismos procesales borren evidencia producida por peritos oficiales con tecnología forense de máxima precisión, o si el expediente conserva los elementos que permiten investigar cómo, cuándo y por quiénes se construyó la denuncia contra los jugadores de Vélez Sarsfield.