La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, quedó en el centro de una fuerte ola de críticas en redes sociales luego de utilizar un trágico accidente protagonizado por una moto vinculada a aplicaciones de transporte para justificar la inminente reglamentación que limitará y gravará a ese sector. La reacción se intensificó este miércoles, cuando un grave accidente de colectivos dejó varios heridos en la capital y la jefa municipal optó por el silencio absoluto.
El contraste no pasó inadvertido. Mientras el siniestro con una moto fue rápidamente incorporado al discurso oficial como argumento para endurecer controles, imponer restricciones y avanzar con una reglamentación que amenaza miles de puestos de trabajo, el choque de unidades del transporte público —un sistema regulado, subsidiado y bajo control municipal— no mereció ni una sola referencia pública por parte de Chahla.
“Cuando el accidente es de una moto, hay comunicado y justificación política; cuando es de colectivos, no pasa nada”, fue uno de los comentarios más replicados en redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, donde un post de críticas fue compartido 40 veces (ver abajo). Otros usuarios señalaron que los colectivos protagonizan siniestros de manera recurrente, pese a los aumentos de tarifa, los subsidios y las supuestas inspecciones permanentes del Municipio.
La indignación se multiplicó entre trabajadores de aplicaciones y usuarios, que interpretaron el mensaje como una doble vara evidente: tolerancia y silencio frente a las fallas del transporte tradicional, y exposición pública inmediata cuando se trata de justificar medidas contra un servicio utilizado mayoritariamente por sectores de bajos ingresos.
En los posteos también se cuestionó el uso político del dolor ajeno. “Un accidente no puede ser una excusa para sacarle el trabajo a miles”, escribió un usuario, mientras otro apuntó directamente contra la intendenta: “La seguridad vial no se defiende con oportunismo ni con silencio selectivo”.
La polémica se da en un momento clave, cuando el Ejecutivo municipal debe avanzar con la reglamentación de la ordenanza ya aprobada por el Concejo Deliberante, que prevé límites, registros y cargas impositivas para las aplicaciones de motos. En ese contexto, el contraste entre la reacción ante un accidente de moto y la omisión frente a un choque de colectivos terminó de instalar una acusación que se repite en redes: hipocresía, doble discurso y protección política para el sistema que más problemas acumula en la ciudad.
