La marcha realizada hoy frente a la Corte Suprema de la Provincia, convocada en nombre de Karla Robles y con consignas dirigidas contra el jefe del Ministerio Público Fiscal, Edmundo “Pirincho” Jiménez, no fue un hecho aislado ni espontáneo. Llegó precedida por dos días consecutivos de cobertura nacional en medios porteños que abordaron el caso Vélez desde una mirada única: el presunto abuso denunciado, sin una sola mención a la contradenuncia por asociación ilícita que tiene como principal acusado al diputado nacional Carlos Cisneros.
Ayer y anteayer, los medios nacionales instalaron el tema con un relato uniforme, centrado exclusivamente en la figura de la denunciante y en supuestas falencias del sistema judicial tucumano. En ninguno de esos espacios se informó que la Justicia provincial ordenó allanamientos luego de la presentación del futbolista José Florentín, ni que esos procedimientos derivaron en una causa paralela que investiga a Cisneros como presunto jefe de una asociación ilícita. La omisión fue sistemática y funcional: se habló de abuso, pero se ocultó deliberadamente al acusado más poderoso.
Ese clima mediático preparó el terreno para la movilización de hoy, que apuntó de manera directa contra Jiménez. Las consignas, los discursos y la puesta en escena no estuvieron dirigidos a reclamar avances concretos en una causa penal, sino a deslegitimar al funcionario que avaló los allanamientos en la Causa Vélez y permitió que la investigación avanzara sobre el entorno de Cisneros. No es casualidad que hoy, minutos después de realizada la movilización, sólo La Gaceta, el tradicional diario ahora financiado por Cisneros, haya publicado la información.
Tanto la cobertura nacional de los últimos dos días como la marcha de hoy tuvieron un denominador común: el financiamiento. No se trató de expresiones espontáneas. La difusión en medios porteños, la logística de la movilización, la amplificación en redes y la coordinación del mensaje responden a un despliegue económico que solo puede explicarse por el respaldo de Carlos Cisneros, utilizando recursos provenientes del negocio del juego y de la Caja Popular de Ahorros.
La marcha de hoy es la expresión visible de esa estrategia. La cobertura nacional de ayer y anteayer fue su antesala. Ambas cosas forman parte de una misma operación: usar dinero público, recursos del juego y poder mediático para condicionar a la Justicia tucumana y evitar que la investigación por asociación ilícita avance.
En ese marco, el reclamo que se exhibe como ciudadano y legítimo aparece atravesado por intereses económicos concretos. La sincronización entre medios nacionales y movilización local no es casual. Es la muestra más reciente de cómo Cisneros despliega todo su poder financiero cuando su situación judicial comienza a complicarse y cuando, por primera vez en años, una causa amenaza con llegar hasta la cúspide de su estructura de poder.