El operativo mediático destinado a blindar al diputado nacional Carlos Cisneros frente a gravísimas acusaciones judiciales sumó un nuevo capítulo, esta vez con intervención directa desde la farándula periodística porteña. El jueves 11 de diciembre, a las 17.27, la conductora y periodista de C5N Nancy Pazos llamó al director del diario digital El Tucumano, Julio Valenzuela, con el objetivo explícito de persuadirlo para que modificara y diera de baja una investigación periodística publicada ese mismo día, según informaron fuentes de ese medio en exclusiva a El Federalista.
La nota —basada en declaraciones incorporadas a un expediente judicial— expone los testimonios de amigas de la denunciante del caso Vélez, quienes describieron el presunto armado de la causa contra los futbolistas y señalaron a Cisneros como el organizador de la maniobra. Durante la comunicación telefónica, Pazos intentó convencer a Valenzuela de retirar el nombre de la joven acusada de haber realizado una falsa denuncia, argumentando que su gestión la realizaba “en nombre de la agrupación Mujeres Periodistas”.
Según reconstruyó la fuente en diálogo con El Federalista, Pazos admitió explícitamente que la publicación no violaba ninguna ley ni norma judicial, pero sostuvo que existía una supuesta falta a la “ética profesional” por haber consignado la identidad de la joven. Valenzuela respondió que las señales nacionales Todo Noticias (TN) y América ya habían difundido el mismo nombre, sin que Pazos hubiera realizado reclamo alguno ante esos medios. El intercambio derivó en un tono cada vez más hostil y concluyó con una frase que dejó expuesta la lógica de la presión ejercida: “Vos no entendés nada porque no sos mujer”, le reprochó la periodista porteña poco antes de dar por terminada la llamada.
Lejos de tratarse de un intercambio profesional o de una observación editorial de buena fe, la intervención de Pazos reveló un intento directo de condicionar el contenido de un medio independiente mediante una apelación a la autoridad simbólica, el género y la pertenencia a una agrupación profesional. El episodio marca un salto cualitativo en la estrategia de contención del caso Cisneros: ya no se limita a instalar un relato defensivo, sino que avanza abiertamente sobre los medios que publican información sensible, con mecanismos que rozan la censura previa y exceden el ámbito provincial.
La presión se produjo en el momento más delicado para Cisneros, luego de que la Justicia documentara —a través de mensajes y confesiones— que la denunciante, identificada como L.P., se declaró “prisionera” del diputado y admitió haber actuado bajo sus órdenes. En ese contexto, la llamada de Pazos aparece como un intento explícito de ampliar el cerco de presión más allá de abogados y operadores locales, utilizando el alcance de una figura mediática nacional para amedrentar a la prensa que investiga el caso.
Burlando, la pantalla y la entrevista reveladora
La presión ejercida por Pazos se inscribe en la fase más costosa y audaz de la contraofensiva cisnerista: la contratación del abogado mediático Fernando Burlando. Mientras Burlando montaba un espectáculo discursivo sobre una supuesta “censura” al canal CCC, su verdadero rol comenzaba a quedar al descubierto: incorporarse como patrocinante de la querella de la propia denunciante, cerrando el cerco legal sobre ella.
En una entrevista con Pablo Vilouta en Radio La Red, Burlando desplegó su narrativa habitual. Con tono grandilocuente, habló de una eventual “intervención federal” en Tucumán, calificó la situación como propia de una “época medieval” y lanzó un ataque directo contra el fiscal general Edmundo “Pirincho” Jiménez, a quien acusó de “machismo recalcitrante” y de carecer de perspectiva de género. Su frase más reveladora fue: “Lo mismo pasa con la causa Vélez, lo que han pretendido hacer con esa víctima…”.
Horas después, se confirmó que Burlando no estaba defendiendo la libertad de prensa ni principios abstractos, sino que se había sumado formalmente a la defensa de L.P. La entrevista funcionó, así, como una justificación anticipada de su verdadero rol: integrar el equipo legal que ahora controla a la joven que confesó estar bajo el dominio del propio Cisneros.
El entramado de operadores y la maquinaria de presión
La ofensiva en defensa de Cisneros no es espontánea ni aislada, sino el resultado de una estructura organizada y de altísimo costo. En su núcleo aparece Fernando Burlando, la pieza más onerosa del dispositivo, llegado a Tucumán en jet privado y, según fuentes coincidentes, financiado con fondos de la Caja Popular de Ahorros, con la misión de blindar al diputado desde el interior de la causa penal y garantizar el control de la principal testigo. A su alrededor orbitan figuras del ecosistema mediático nacional como Nancy Pazos, cuya llamada a El Tucumano operó como un brazo de presión destinado a generar miedo y autocensura, y periodistas como Claudio Savoia y Eduardo Feinmann, que funcionaron como amplificadores iniciales del relato de “censura” y “persecución política”, replicándolo sin contextualizar las acusaciones judiciales ni el contenido del expediente. En el plano local, el engranaje se completa con los medios alineados al circuito Cisneros —La Gaceta, Contexto, Enterate—, sostenidos por pauta oficial de la Caja Popular y dedicados a desacreditar sistemáticamente a la Justicia y a los periodistas que investigan el caso.
Fondos públicos para financiar el silencio
Todas estas operaciones comparten un denominador común: son pagas, costosas y sostenidas con recursos públicos. Los honorarios de Burlando, la pauta en medios afines y nacionales y el despliegue de un aparato de presión mediática implican una erogación millonaria. Las evidencias apuntan a que esos fondos provienen de la Caja Popular de Ahorros, el mismo organismo que —según la investigación de El Tucumano— habría desviado más de USD 2.100 millones del sistema de salud pública tucumana durante la gestión de Cisneros.
La llamada de Nancy Pazos no fue un exabrupto ni un hecho aislado. Es la manifestación concreta de un modus operandi en el que el poder económico se traduce en disciplinamiento mediático. Mientras la Justicia intenta desentrañar una presunta asociación ilícita, el aparato cisnerista despliega todos sus recursos —abogados estrella, periodistas con llegada nacional y medios alineados— para silenciar a quienes publican, proteger al acusado y, lo más grave, asegurar el control sobre la joven que tiene la llave de toda la trama. La presión ya no es solo jurídica ni local: ahora baja desde los estudios de televisión de Buenos Aires y se convierte en una orden directa al celular del director de un medio tucumano.