Este miércoles, familiares, vecinos y agrupaciones de derechos humanos marcharon en Rosario de Lerma para exigir respuestas por la muerte de Fernanda, una mujer trans de 34 años que falleció bajo custodia policial hace dos semanas. La protesta recorrió las calles del pueblo salteño y puso nuevamente en el centro de la escena las graves dudas sobre violencia institucional que persisten en el caso.
La joven había sido arrestada la noche del miércoles 26 de noviembre en el Parque Evita. Según el parte oficial, fue detenida por consumir bebidas alcohólicas en la vía pública y por negarse a identificarse ante los efectivos.
Menos de dos horas después de su ingreso a la Comisaría Segunda, Fernanda perdió la vida. La versión policial indica que habría intentado suicidarse utilizando su propia remera dentro de la celda; posteriormente, el personal del hospital local certificó su deceso alrededor de las 22 horas.
Los allegados y las organizaciones travesti-trans rechazan categóricamente esta explicación. Afirman que se trata de un hecho de extrema gravedad y que la muerte de Fernanda no puede ser catalogada como un simple suicidio o un episodio aislado.
Durante la concentración realizada en el mismo parque donde fue detenida, los manifestantes sostuvieron que su muerte fue consecuencia de la violencia institucional ejercida por agentes del Estado y responsabilizaron directamente a la dependencia policial donde se encontraba recluida.
La investigación judicial continúa abierta y se aguardan definiciones en los próximos días que ayuden a dilucidar los hechos ocurridos dentro de la comisaría.
La comunidad trans y diversos organismos reclamaron que se aclaren las condiciones de la detención, el estado en el que ingresó a la celda y los protocolos de vigilancia que debieron aplicarse durante su tiempo bajo custodia estatal.
Si bien no se confirmó el número exacto de asistentes a la movilización, el reclamo volvió a tomar fuerza en la localidad del Valle de Lerma.
Familiares y amigos reiteraron que no cejarán en su búsqueda de la verdad y que exigirán que se determinen responsabilidades institucionales si se comprueba que el fallecimiento se produjo en un marco de negligencia o abuso por parte de las fuerzas de seguridad.
El caso, que conmocionó a la región, se mantiene como uno de los sucesos más sensibles y vigilados por los defensores de derechos humanos en la provincia de Salta.