Las intenciones del diputado Carlos Cisneros de maximizar mediáticamente a costa de sobres a la prensa y honorarios a famosos abogados, parecen diluirse día a día con la aparición de cada vez más graves acusaciones contra el sindicalista.
Su estrategia de contraofensiva, que incluyó una costosa campaña mediática, la contratación del caro abogado mediático Fernando Burlando e incluso afiches en Buenos Aires para denunciar una «persecución política», se enfrenta ahora a una revelación judicial explosiva. El diario digital El Tucumano reveló hoy una serie de pruebas y confesiones que, de confirmarse, podrían conducir al diputado directamente a prisión. La información, contenida en declaraciones judiciales y chats de WhatsApp recuperados por pericias forenses, demuestra la existencia de una organización montada para fabricar una denuncia falsa de abuso sexual contra cuatro jugadores de Vélez Sarsfield, con el objetivo final de extorsionarlos económicamente. El plan se desmoronó cuando la propia denunciante, Lourdes Parache, confesó a sus amigas más íntimas ser «prisionera» de la estructura manejada por Cisneros, a la que debía obedecer órdenes «sin chistar».
El punto de quiebre fue la declaración de dos amigas de Parache, Rocío Sancho Miñano y Ana Ines Gray, ante la fiscal Mariana Rivadeneira el pasado 28 de noviembre. Allí revelaron que los abogados de la joven, Patricia Neme y Franco Venditti, «respondían a órdenes directas de Cisneros» y que era el diputado quien «tomaba las decisiones». Explicaron, además, que Cisneros le compró un iPhone nuevo a Parache para destruir su teléfono anterior, donde había un audio en el que, riendo, contaba que «la había pasado bien» con los futbolistas tras el encuentro en el Hotel Hilton. En otros chats, Parache celebraba haber recibido la camiseta de un jugador para dormir con ella «porque tenía su perfume», mensajes enviados apenas un día después de la supuesta violación y cuatro días antes de formalizar la denuncia.
Las pericias digitales con tecnología israelí UFED, capaces de recuperar mensajes borrados, aportaron más evidencia contundente. Documentaron cómo la abogada Patricia Neme instruía a una testigo, Rosario Molina, con el mensaje: «Y que no te acuerdas de nada». También recuperaron un chat donde se afirmaba que «Carlos logró el cambio de fiscalía», siendo «Carlos» identificado por el juez Bernardo Lerario Babot como Carlos Cisneros, dado que todos los intervinientes en la conversación eran empleados de La Bancaria. Otro audio, mencionado en las declaraciones, captó a los abogados Neme y Venditti planeando «hacer pingo» (atacar) a la jueza Karina Gómez Moreira «por órdenes de arriba», expresión que el magistrado también atribuyó a Cisneros por ser la máxima autoridad del sindicato.
La investigación judicial también expuso otras maniobras de la presunta organización. Ana Ines Gray declaró que se planeó simular un robo del celular de Parache, utilizando para ello a «un empleado de Cisneros» que se haría pasar por un ladrón («choro»), con el fin de que el dispositivo con las pruebas comprometedoras nunca llegara a la justicia. Por otro lado, se confirmó que la testigo Milagros Castellote fue dada de alta como empleada del Banco Macro el mismo día que declaró por primera vez contra los jugadores, en la misma sucursal donde trabaja el padre de Parache, lo que el juez consideró una retribución por su testimonio.
Toda esta trama, ahora judicialmente documentada, llevó a la defensa de los futbolistas a solicitar formalmente la detención de Carlos Cisneros por los delitos de asociación ilícita (como presunto jefe de la organización) y trata de personas con fines de explotación sexual, considerando que Parache fue utilizada como un instrumento para la extorsión económica. También son imputados sus abogados Patricia Neme y Franco Venditti, su operador Federico Petraglia –quien, según declaraciones del gerente del Hotel Hilton, preguntó por las cámaras de seguridad 48 horas antes de que existiera denuncia formal–, y las testigos Castellote y Rosario Molina.
Esta revelación se produce en el contexto de otras investigaciones periodísticas que ya habían expuesto el poder económico de Cisneros. El mismo diario El Tucumano documentó días atrás, a partir de balances internos de la Caja Popular de Ahorros obtenidos en allanamientos, que el organismo que controla el diputado desvió más de 2.100 millones de dólares que por ley debían destinarse al sistema de salud provincial (Siprosa) en las últimas tres décadas. Mientras tanto, Cisneros enfrenta además un juicio de responsabilidad por desvío de mercadería que involucra a su cuñado Hugo Ledesma, y una denuncia penal ampliada por el incumplimiento de la Caja Popular en transferir fondos al sistema de salud. Ahora, las confesiones y pruebas sobre el armado de la causa Vélez no solo amenazan su libertad, sino que exponen los métodos de una estructura de poder que, según las acusaciones, operaba desde el corazón del Estado para fabricar causas judiciales a su medida, desafiando así todo su costoso aparato de defensa mediática.
A continuación todas las capturas aportadas por El Tucumano en su nota. Primero el mensaje de la joven denunciante en su grupo de amigas:
A continuación, la confesión de Rocío Sancho Miñano ante la fiscalía de Integridad Sexual:
En la siguiente imagen, otro mensaje de la denunciante en su grupo de amigas.
En la siguiente imagen, la confesión de que Cisneros le habría regalado un celular a la denunciante para que olvide el anterior, que tenía un audio comprometedor.
