El mediático abogado penalista Fernando Burlando juró este miércoles como abogado en Tucumán para intervenir formalmente en causas radicadas en la provincia, en lo que constituye el desembarco más costoso y llamativo en la ofensiva jurídica del diputado Carlos Cisneros contra las investigaciones que lo involucran. Tras la ceremonia, el letrado brindó una conferencia cargada de retórica moralista, afirmando que ve «mucho olor a viejo en la política» y abogando por una «renovación» con «gente joven, ética y moral». Sin embargo, eludió por completo la pregunta central que flota sobre su súbita llegada a la provincia: quién financiará sus cuantiosos honorarios, que según todos los indicios saldrán de los fondos de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán, el ente público que controla Cisneros y que se nutre del dinero de los contribuyentes y apostadores tucumanos.
Su desembarco se produce específicamente para atacar la medida cautelar dictada por el juez subrogante Lucas Taboada, quien, a pedido del fiscal general Edmundo «Pirincho» Jiménez, prohibió al canal CCC y a sus trabajadores realizar críticas públicas a jueces y fiscales provinciales. Burlando calificó esta resolución, que busca frenar lo que la justicia considera una «campaña de hostigamiento» contra funcionarios que investigan a Cisneros, como «grave» y «contraria al sentido común», anunciando que su estudio la analizará y que presentará acciones incluso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este movimiento es la pieza final y más sofisticada en la extensa y onerosa campaña de desprestigio que Cisneros y la Asociación Bancaria han desplegado desde que el juez Bernardo Lerario Babot lo señala como el presunto jefe de una asociación ilícita para fabricar pruebas en la causa contra futbolistas de Vélez. Dicha campaña ha incluido una marcha de mujeres convocada por el gremio, una embestida mediática pagada en diarios y radios nacionales, la promoción de un fallido juicio político contra Jiménez patrocinado por la abogada de La Bancaria Patricia Neme, y hasta la colocación de afiches en Buenos Aires y la contratación de otros abogados de élite como Bernardo Saravia Frías.
La contratación de Burlando con fondos públicos adquiere un tinte de profunda ironía y cinismo al contrastarse con las recientes revelaciones del portal El Tucumano, basadas en documentos internos de la Caja Popular obtenidos durante los allanamientos de la causa por asociación ilícita. Dichos documentos demuestran que, durante las tres décadas que Cisneros ha controlado la institución, el Sistema Provincial de Salud (Siprosa) dejó de percibir más de 2.100 millones de dólares que por ley debían transferirse desde el negocio del juego. Este monumental desvío, que privó a los hospitales públicos de recursos vitales, es el mismo flujo de dinero que ahora parece destinarse a financiar la defensa mediática y jurídica de luxo del hombre que perpetró ese vaciamiento. Así, los tucumanos no solo cargan con el costo de una salud pública desfinanciada, sino que, a través de los impuestos y apuestas que vuelven a la Caja Popular, están siendo obligados a pagar al abogado que busca silenciar las críticas a quien desvió esos fondos. Burlando cerró su intervención afirmando que su estudio no tiene «compromisos con nadie, solo con la sociedad», una declaración que resuena hueca mientras la pregunta sobre el origen del dinero que paga su moralista cruzada queda suspendida en el aire, sin respuesta, como el último secreto de una estructura de poder que lucha por su supervivencia utilizando hasta el último centavo que logró retener del erario público.