El abogado Fernando Burlando finalizó este jueves los trámites de su matriculación en Tucumán y confirmó que intervendrá en causas vinculadas a lo que denomina «censura previa», en clara referencia a la medida judicial que limita las críticas a la justicia provincial. Lo que no aclaró, sin embargo, es quién pagará sus honorarios, que se cuentan entre los más altos del país: según confirmaron fuentes vinculadas al caso, Burlando será contratado y pagado con fondos de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán, el ente que controla Carlos Cisneros y que, por lo tanto, se nutre de los impuestos y apuestas de los tucumanos.
En la práctica, esto significa que el dinero de los contribuyentes provinciales se destinará a financiar la defensa jurídica del aparato mediático de Cisneros, el mismo que ha sido utilizado para atacar al fiscal Edmundo «Pirincho» Jiménez y desviar la atención de las graves causas judiciales que investigan al diputado por asociación ilícita, desvío de fondos y malversación.
La estrategia del último recurso
Burlando señaló que su prioridad es «la censura previa» y anunció que impulsará una medida cautelar, además de presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este movimiento representa la fase final de la estrategia de Cisneros, quien ya agotó todas las instancias locales: perdió el apoyo político del gobernador Jaldo, vio rechazado el juicio político contra Jiménez, y su ofensiva mediática no logró revertir las investigaciones judiciales en su contra.
«Vamos a escuchar a los funcionarios que participaron de esas decisiones para que se investigue no sólo en Tucumán, sino también en otras jurisdicciones», sostuvo Burlando, evitando cuidadosamente mencionar que el «caso de censura» que defiende surge de una denuncia del propio Jiménez contra el medio CCC por una campaña de desprestigio vinculada a las causas que investigan a Cisneros.
El silencio elocuente sobre la causa Vélez
Consultado específicamente sobre si intervendrá en la causa Vélez —la investigación central donde Cisneros es señalado como jefe de una presunta asociación ilícita para fabricar pruebas—, Burlando evitó dar definiciones. Este silencio es revelador: su rol no es defender a Cisneros en los procesos penales que lo amenazan directamente, sino librar una batalla colateral en el terreno de los derechos humanos y la libertad de prensa, con el objetivo de desgastar al Ministerio Público Fiscal que lo investiga.
«Lo más importante para nosotros es lo que afecta a la sociedad tucumana y argentina. No podemos quedarnos callados frente a medidas que limitan derechos esenciales», argumentó el letrado, sin aclarar que su contratación responde a los intereses particulares de un sindicalista acorralado por la justicia.
El dinero de la salud, ahora para la defensa de un imperio
La contratación de Burlando con fondos de la Caja Popular adquiere un tinte especialmente cínico a la luz de la investigación publicada por El Tucumano, que reveló que el organismo que dirige Cisneros desvió más de USD 2.100 millones que por ley debían destinarse al sistema de salud provincial (SIPROSA). Mientras los hospitales tucumanos padecen falta de insumos, equipamiento y salarios dignos, los recursos de la misma institución se destinarán ahora a pagar los honorarios de un abogado mediático para defender el aparato comunicacional del hombre que controla esa caja.
Así, el círculo se cierra: el mismo sistema que durante tres décadas desfinanció la salud pública para engrosar el poder de Cisneros, ahora utilizará los fondos públicos para contratar a un abogado de élite en un último intento por preservar ese poder ante el avance imparable de la justicia. Los tucumanos, una vez más, pagan dos veces: por lo que les quitaron y por lo que ahora deben financiar para que no se descubra.