En un acto de cinismo político difícil de superar, el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán –recientemente erigido como uno de los más caros y onerosos de toda la Argentina– ha decidido financiar su desbordada estructura burocrática gravando una de las actividades más vulnerables: el transporte de pasajeros en moto a través de aplicaciones. Mientras los ediles consumen recursos a un ritmo que cuadruplica el promedio nacional, su solución para aliviar las arcas no es recortar su propio gasto suntuario, sino extraer impuestos de los sectores que usan las motos para no caer en la indigencia.
Los datos son escandalosos y provienen de un informe de la Fundación Libertad, que analizó 76 Concejos Deliberantes del país. San Miguel de Tucumán ocupa el tercer lugar en gasto por concejal: $1.090 millones anuales por cada uno de sus 18 ediles. Esto significa que un concejal capitalino cuesta ocho veces más que uno de la ciudad de Mendoza. En gasto por habitante, la capital tucumana también figura en el top 5, con una erogación de $59.672 por persona al año. El costo promedio nacional es de $259 millones anuales por Concejo; el tucumano lo cuadruplica.
Frente a esta máquina de gastar, la respuesta no ha sido la austeridad, sino la imposición. El economista Javier Bongiovanni, consultado por Infobae, fue contundente: “En un país con esta presión tributaria y con tantas carencias en infraestructura y servicios básicos, es un gasto político muy difícil de justificar. Cada peso que se destina a mantener Concejos Deliberantes sobredimensionados es un peso menos para aliviar al contribuyente”.
Sin embargo, la lógica del Concejo tucumano es la inversa. En lugar de aliviar al contribuyente, ha creado un nuevo contribuyente: el motoquero en situación de precariedad. La nueva ordenanza que regula servicios como Uber Moto establece un tributo que, aunque se anuncia como carga para las plataformas, terminará siendo pagado por los usuarios más pobres a través de tarifas más altas o por los conductores mediante menores ingresos. Se grava la movilidad de quienes no tienen otra opción, para sostener la opulencia de quienes hacen de la política un negocio costosísimo.
Este impuesto no nace de una necesidad de inversión en seguridad vial o infraestructura –deficitaria en la provincia–, sino de la urgencia por mantener una estructura política insaciable. Es la crónica de un saqueo anunciado: se extraen recursos de la economía popular, de la gente que trabaja 12 horas al día para ganar lo que un gastronómico no logra en un mes, para financiar sueldos, dietas, asesores y prerrogativas de una casta legislativa que vive en una burbuja de privilegios.
Mientras el informe señala que hay municipios que funcionan con gastos significativamente menores, demostrando que existe un “margen considerable para mejorar la eficiencia”, el Concejo de la Capital elige el camino más perverso: en vez de reducir su tamaño, agranda su capacidad de cobrar. Convierte a los agentes de tránsito en recolectores forzosos de un nuevo tributo, persiguiendo a quienes, sobre dos ruedas, intentan escapar de la pobreza.
La ecuación final es un monumento a la injusticia: el Concejo Deliberante más caro del país se financia gravando el transporte de los más pobres. No es regulación, es impuestazo disfrazado. No es ordenamiento, es una transferencia de recursos desde la base de la pirámide social hacia la cima de la burocracia política. Una confesión, en definitiva, de que para esta clase dirigente, la prioridad no es el bienestar público, sino la perpetuación de su propio costo.
