Los coletazos de la escandalosa causa por asociación ilícita que involucra al diputado Carlos Cisneros como presunto jefe de una red para fabricar pruebas contra los futbolistas de Vélez Sarsfield no cesan de revelar el verdadero alcance de su poder. Tras la investigación del juez Bernardo Lerario Babot, que incluyó el allanamiento de siete domicilios, ahora emergen los documentos que explican el origen del exponencial crecimiento económico del sindicalista y sus socios, y el monumental costo para la provincia.
Desde el inicio del conflicto, sorprendió el despliegue millonario realizado por el poderoso gremio para intentar frenar la investigación: una marcha de cientos de mujeres elegantemente vestidas para, supuestamente, denunciar una revictimización pero cuyo objetivo evidente era defender a Cisneros; decenas de notas pagas en medios nacionales; la aparición del mediático y costoso abogado Fernando Burlando; el súbito apoyo del ex Procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías, uno de los letrados más caros del país, al fallido juicio político contra el fiscal Edmundo «Pirincho» Jiménez; la creación de carísimos medios propios de comunicación (Enterate), la publicación en portales adictos (La Gaceta, Contexto, TDN) y hasta una campaña de afiches frente al Palacio de Justicia de la Nación en Buenos Aires.
(Foto arriba: La bizarra marcha de bancarias, grandes privilegiadas del sistema).
Ahora, en uno de los domicilios allanados, aparecieron los documentos que develan de dónde salieron los recursos para financiar esta ofensiva y, lo más grave, a qué costo para Tucumán, según reveló el reconocido portal El Tucumano.
Los documentos que lo cambian todo
La investigación, publicada este domingo 7 de diciembre de 2025 y basada en balances internos, auditorías y documentos contables históricos de la Caja Popular de Ahorros obtenidos durante esos allanamientos, revela la desviación de fondos más grave de la historia provincial. Los papeles, secuestrados en el marco de la causa que investiga a Cisneros por asociación ilícita, demuestran que el Sistema Provincial de Salud (SIPROSA) dejó de percibir más de USD 2.100 millones en 30 años, dinero que por ley debía destinarse a hospitales públicos.
Los documentos fundantes —balances comparativos internos de la CPA (1999-2002), informes de auditoría externa que advierten sobre fondos «de dudosa procedencia», la investigación de El Periódico de Tucumán (2006) que detallaba el «submundo» de las tragamonedas manejado por socios como el clan Ale y Roberto Sagra (en cuya mansión allanada vivía Cisneros), y balances semestrales de la década del 2010— emergieron como prueba penal y pintan un cuadro de incumplimiento sistemático.
La Ley provincial establece que el 25% del resultado bruto del juego debe transferirse al SIPROSA. La contabilidad interna ahora judicializada cuenta otra historia. En el año 2000, de los $264.6 millones apostados, sólo se transfirieron $8.7 millones al SIPROSA, un mero 3.3%. En 2002 fue el 3.7%. Nunca se acercó al porcentaje legal.
El cálculo de la desviación
El análisis de los documentos incautados es contundente:
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Si se hubiera cumplido la ley, el SIPROSA debería haber recibido aproximadamente USD 2.400 millones en tres décadas.
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Lo que realmente percibió fue alrededor de USD 285 millones.
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La diferencia supera los USD 2.100 millones que nunca llegaron a la salud pública tucumana.
Este monumental desvío ocurrió mientras el negocio del juego, bajo la órbita de Cisneros desde 1995, movilizaba un volumen estimado de USD 9.500 millones en 30 años. Los fondos faltantes para la salud equivalen a más de una quinta parte de todo el dinero apostado en la provincia durante el período.
El reciente Acuerdo N° 5183 del Tribunal de Cuentas (noviembre de 2025), que denuncia una deuda vigente de $3.381 millones con el SIPROSA, es sólo la punta del iceberg de un sistema de desfinanciamiento crónico, ahora documentado por las pruebas incautadas en la causa que investiga a Cisneros como presunto cabecilla de una asociación ilícita.
El costo humano de la corrupción
Por ello, es importante que cada tucumano sepa que cuando falta un tomógrafo en el Hospital Padilla, cuando se demora la atención a un niño por falta de médicos, o miles de sanitaristas manifiestan para reclamar salarios dignos, es en gran medida porque ese dinero que debió estar allí para mejorar el bienestar de los tucumanos, fue sistemáticamente desviado.
Los USD 2.100 millones que faltan en los hospitales son los mismos que financiaron el imperio de Cisneros, sus costosas campañas de prensa, sus abogados estrella y su red de operadores. La causa por asociación ilícita ya no es sólo sobre una presunta extorsión a futbolistas; es la llave que abrió la caja fuerte de una estructura de poder que durante tres décadas prosperó a costa del juego y de la salud de toda una provincia.
