Un episodio de alta tensión, narrado en exclusiva a El Federalista por una fuente presente que optó por el anonimato por temor a represalias, marcó la asamblea de delegados y choferes de varias líneas de colectivos en conflicto. Al finalizar la reunión, el dueño de la Línea 8, Sergio Gómez Sansone, irrumpió en el lugar, generando una fuerte confrontación con los trabajadores.
De acuerdo a múltiples testimonios, Gómez Sansone se presentó acompañado de su abogado, quien, según los presentes, «parecía tener algún grado alcohólico». Fue en ese contexto que el empresario dirigió una serie de amenazas e improperios hacia los choferes de su propia empresa.
«Si no trabajaban los iba a correr a todos», habría espetado Gómez Sansone, quien en tono soez los tildó de «unos muertos de hambre» y afirmó que «gracias a él, comían». La provocación fue respondida de inmediato por uno de los delegados sindicales, quien le recordó al empresario que los trabajadores «trabajan para ganar su sueldo» y que las medidas de fuerza, en este caso un paro pasivo (asistencia al trabajo sin prestar servicio), se debían precisamente a «la falta de pagos» por parte de la empresa.
La respuesta de los trabajadores exacerbó los ánimos del dueño de la Línea 8, quien reiteró sus amenazas de despido masivo: «No se iba a quedar así y los iba a correr a todos», habría afirmado.
La polémica por los fondos públicos
La confrontación verbal se enmarca en un conflicto mayor. Fuentes gremiales y del sector aseguraron a este medio que el dinero correspondiente a los subsidios, administrado y depositado por la provincia en la cuenta de la empresa de Gómez Sansone, ya estaba disponible, pero el empresario no realizó los pagos de salarios correspondientes. Esta acusación, corroborada por la fuente presente, señala una posible retención indebida de fondos públicos destinados a la masa salarial.
Intervención policial y presión política
Ante el giro que tomaba la discusión y el clima de gran tensión, el abogado de Gómez Sansone llamó al 911 solicitando la presencia policial, acto que los delegados interpretaron como una medida para «amedrentar» a los presentes.
La situación escaló hasta el punto de que el secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional Tucumán, César González, debió realizar una llamada, presuntamente al gobernador Osvaldo Jaldo, para evitar que la fuerza policial tomara represalias contra los trabajadores reunidos pacíficamente.
Tras esta intervención, el operativo cambió de rumbo. Según narraron testigos, los efectivos se retiraron, pero dejaron un bolso en el lugar, con un mensaje peculiar: «Les dejamos los 5 millones y que no iban a realizar ningún apriete», declaró uno de los policías. La referencia a la suma de dinero y el término «apriete» generó más interrogantes sobre el desarrollo del incidente.
Repercusiones y expectativas
El gremio de UTA confirmó la grave denuncia sobre los fondos no girados y la actitud del empresario, calificando los hechos como «intolerables». Se espera que el Ministerio de Gobierno y/o la Secretaría de Transporte de la provincia se expidan sobre la denuncia de desvío de subsidios y garanticen el pago de los salarios adeudados, así como el correcto funcionamiento del servicio público.
La Línea 8, al cierre de esta edición, no ha emitido un comunicado oficial respondiendo a las acusaciones de retención de salarios ni a los dichos atribuidos a su dueño durante la conflictiva asamblea.