Escenas inusuales de violencia policial contra manifestantes bancarios se registraron este viernes frente a la sucursal del Banco Patagonia en Concepción, en un hecho que marca un punto de inflexión en la década de impunidad que ha caracterizado al sindicato La Bancaria en las calles tucumanas. La represión, dirigida contra delegados y la secretaria general Cecilia Sánchez Blas, representa mucho más que un episodio de conflicto laboral: es el síntoma más visible de que el poder absoluto que Carlos Cisneros ejercía sobre la protesta social —y sobre la inacción policial— está llegando a su fin. La derrota política del día fue completa para el diputado, pues en simultáneo, la Comisión de Juicio Político de la Legislatura rechazó por unanimidad el pedido de destitución contra el ministro fiscal Edmundo «Pirincho» Jiménez, promovido por la familia de Karla Robles y patrocinado por la abogada de La Bancaria Patricia Neme. Los legisladores consideraron que los hechos denunciados «no configuran causal alguna de gravedad institucional», archivando definitivamente esa maniobra jurídica.
Durante más de diez años, las sucursales de bancos privados en Tucumán (con la excepción del Banco Macro, históricamente vinculado al poder político provincial) han sufrido protestas violentas, cortes de acceso, pintadas y amenazas por parte de militantes de La Bancaria, sin que la Policía Provincial interviniera para proteger el derecho al trabajo o el libre acceso a las entidades financieras. Esta inacción sistemática, interpretada por el sector bancario privado como un favor político al poderoso diputado y sindicalista, funcionó como el principal instrumento de extorsión que permitió a Cisneros avanzar sobre instituciones públicas y privadas hasta prácticamente subordinarlas a sus intereses. El control del espacio público y la capacidad de paralizar cualquier entidad bancaria a voluntad constituyeron el núcleo de su poder fáctico, más allá de su cargo parlamentario o sindical.
Sin embargo, el video de la confrontación en Concepción, lejos de generar la solidaridad esperada, provocó una reacción reveladora en redes sociales y en la opinión pública local. La frase más repetida fue, significativamente: «por fin le pusieron límite a Cisneros». Este cambio de percepción no es casual: coincide con la acumulación de traspiés políticos y judiciales del dirigente. La investigación por asociación ilícita en la causa Vélez, que lo señala como el cerebro de una red para fabricar pruebas falsas; los juicios de responsabilidad contra su cuñado Hugo Ledesma por desvío de mercadería; la denuncia ampliada contra la Caja Popular de Ahorros por no transferir $3.381 millones al sistema de salud; y su humillante aislamiento político —donde hasta el gobernador Jaldo le retiró el apoyo— han erosionado la imagen de invulnerabilidad que lo protegía. En una metáfora perfecta de su aislamiento actual, el único dirigente político que salió a repudiar públicamente el accionar policial contra su gremio fue el ultraderechista César Biondini, del Frente Patriota Nacional, agrupación de filiación neonazi.
Brutal represión a bancarios en Tucumán. Los trabajadores protestaban por persecución laboral y despidos en el Banco Patagonia, y fueron salvajemente golpeados por uniformados encapuchados.
Total repudio a esta locura. pic.twitter.com/FnnqaMSfC9— César Biondini (@BiondiniCesar) December 5, 2025
Este episodio de represión, entonces, no debe leerse como una simple escalada de violencia policial, sino como la pérdida de un privilegio histórico: el monopolio de la protesta. Ese monopolio, utilizado durante años como herramienta de presión y negociación extorsiva contra bancos, empresas e incluso el propio Estado, se está resquebrajando junto con el poder político de su titular. Las fuerzas de choque de Cisneros, acostumbradas a actuar con impunidad, se encontraron por primera vez con un límite concreto, y la respuesta social indica que la ciudadanía ha tomado nota del cambio.
El conflicto específico que motivó la protesta —las denuncias de trabajadores contra la gerente María José Mansilla por maltrato y hostigamiento— queda así enmarcado en una lucha mayor: la de un sindicato que intenta mantener, mediante la movilización callejera, un poder que se le escapa por los flancos judicial y político. La Bancaria ha declarado el estado de alerta y exige explicaciones, pero por primera vez en mucho tiempo, sus amenazas pueden no encontrar el eco temeroso de antaño. La crisis institucional que se anuncia no es sólo la del Banco Patagonia, sino la de un modelo de poder construido sobre la extorsión y la impunidad, que finalmente comienza a enfrentar sus consecuencias.