La mañana en San Miguel de Tucumán comenzó con el sonido de una protesta silenciosa y el estruendo de una bomba que reflejó la desesperación. Cientos de trabajadores de aplicaciones como Uber, DiDi y Cabify se concentraron frente al Concejo Deliberante, no para pedir privilegios, sino para defender su fuente de trabajo. Dentro del recinto, los concejales preparan los votos para un proyecto que, bajo el disfraz de la “reglamentación”, eliminaría miles de puestos de trabajo genuinos y golpearía directamente a los trabajadores de más bajos recursos.
El aire olía a miedo y a gas pimienta. Cerca de las 10, una bomba de estruendo explotó sobre la calle Monteagudo, llevando a una intervención policial que pidió calma por la cercanía con hospitales. Pero la verdadera bomba, la que podría estallar en miles de hogares, se está armando artículo por artículo dentro del Concejo. Mientras afuera los trabajadores contaban las horas de sus jornadas maratonianas, adentro se negocia una ordenanza que los dejaría en la lona.
«Esto es lo que nos permite poner un plato en la mesa»
Los testimonios recogidos entre la multitud dibujan un mapa de la precariedad y la necesidad. “Trabajamos 12 horas por día. Todos los días. No existe el frío, la lluvia, nada. Así tratamos de llegar a fin de mes”, relató un motociclista, cuya voz temblaba más por el frío de la mañana que por los nervios. La suya no es una queja, es una descripción de la realidad: para miles, esta no es una elección de vida, es la única opción.
El punto más cruel de la regulación es la creación de un gueto laboral. La ordenanza establecería que un conductor no podrá tomar un pasajero en Yerba Buena, Tafí Viejo o cualquier municipio aledaño con destino a la Capital, a menos que cada distrito adhiera a la normativa. “Si llevo un viaje a Yerba Buena, tengo que volver vacío. Eso es combustible perdido y horas perdidas”, explicó otro trabajador, haciendo la cuenta que ningún concejal parece haberse molestado en hacer: viaje sin retorno significa día sin ganancias, familia sin sustento.
La matemática del desastre: 7.000 motos, miles de familias
Los propios trabajadores, organizados a través de administradores de grupos de WhatsApp por falta de representación formal, estiman que son alrededor de 7.000 las motos que trabajan diariamente en el Gran Tucumán. Detrás de cada una hay una historia como la de la mujer que explicó su elección: “En un bar te pagan $17.000 por ocho horas. Acá manejamos nuestros horarios. Si tu hijo se enferma, podés parar. Para muchas mamás eso es clave”.
Este es el núcleo de la cuestión: la regulación que se discute hoy no ataca a empresas multinacionales, ataca a madres, padres, jóvenes y adultos que encontraron en las plataformas una forma de trabajo flexible que se adapta a realidades familiares complejas. Les quita la herramienta que les da independencia y, sobre todo, les quita el ingreso.
Los verdaderos beneficiarios: el fisco y los empresarios
Mientras los motoqueros se congregan en la calle, dentro del Concejo se alista un paquete que incluye, además de esta regulación lesiva, un aumento del boleto de colectivo de $950 a $1.250. Es decir, en la misma sesión se podría asfixiar a la competencia más barata y premiar al sistema tradicional con una suba tarifaria, un doble movimiento que perjudica al usuario en todos los frentes.
La Municipalidad, por su parte, obtendría un nuevo registro para controlar y, eventualmente, cobrar tasas. Se legisla no para proteger al trabajador, sino para recaudar a su costa y proteger un statu quo empresarial.
Los manifestantes lo tienen claro: “La pasajera es dueña de tomarse lo que quiera: un taxi, un colectivo, un Uber o un remis”. Pero hoy, un grupo de concejales podría decidir quitarle esa libertad de elección al usuario y, de paso, arrebatarle el trabajo a miles. El estruendo de la bomba esta mañana fue un símbolo: es el sonido de una economía popular que, si este proyecto pasa, podría hacer explosión.