Disputa familiar desemboca en cargos judiciales: hija del fallecido «La Chancha» Ale y su compañero fueron detenidos por ocupación ilegal del domicilio de María Jesús Rivero. El Ministerio Público avanzó con imputaciones por usurpación, amenazas y lesiones contra Ángela Yamile Ale y Darío Coronel. La justicia dictaminó arresto domiciliario para ella y prisión preventiva para él mientras continúa el proceso legal.
El conflicto se desató en el contexto de una sucesión patrimonial. Rivero denunció que el 11 de noviembre la pareja irrumpió violentamente en su residencia ubicada en Adolfo de la Vega 700, la agredieron físicamente y tomaron posesión de forma ilegal de la planta baja del inmueble. El expediente quedó bajo la responsabilidad de la Fiscalía de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, a cargo de Diego Hevia, quien consideró que existían elementos suficientes para proceder con la acusación.
Según detalló en su presentación la auxiliar fiscal Natalia Carabajal, los imputados arribaron al lugar el 7 de noviembre acompañados por tres personas sin identificar, destrozaron el candado del acceso principal utilizando un objeto metálico y derribaron la puerta a patadas. Una vez en el interior, Coronel habría golpeado a la denunciante y posteriormente llegaron dos hermanas de Ángela Ale para establecerse con ellos en la propiedad. La acusación sostiene que mantuvieron su ocupación mediante intimidaciones directas, incluyendo expresiones amenazantes como «te sacaremos de aquí» y «saldrás con los pies por delante».
El incidente más reciente tuvo lugar el 1 de diciembre, cuando Rivero regresó con una acompañante. La fiscalía sostiene que en esa oportunidad Ale empuñó un arma blanca para intimidarla, advirtiéndole: «te voy a tajear entera», lo que obligó a la víctima a abandonar el lugar temiendo por su integridad física. Los informes médicos confirmaron lesiones consistentes con la denuncia, mientras que grabaciones incorporadas al caso muestran el ingreso violento a la vivienda. También prestaron declaración vecinos y efectivos policiales que intervinieron durante los hechos.
Con este conjunto probatorio, Carabajal formalizó la imputación por usurpación y solicitó prisión preventiva por 15 días. El abogado querellante, Rodolfo Tercero Burgos, apoyó el pedido fiscal y además solicitó la devolución inmediata del inmueble.
Las defensas intentaron atenuar la gravedad de los cargos. Victoria Corbera, abogada de Coronel, negó la agresión física contra Rivero, aunque admitió el ingreso forzado. Por su parte, Agustina Mentesana, representante legal de Ángela Ale, argumentó que su defendida posee documentación que la acredita como heredera legítima y que la entrada —aunque violenta— no constituiría un despojo en términos legales. Alegó también que existían conversaciones previas sobre una posible cohabitación.
En su declaración, Ángela Ale reconoció haber ingresado «de manera brusca», pero justificó su acción por la urgencia de encontrar vivienda para ella y sus tres hijos tras finalizar un contrato de alquiler. Rechazó haber agredido a Rivero y manifestó su frustración por la falta de respuestas judiciales a denuncias anteriores que —según afirmó— había presentado tanto contra su hermano como contra la denunciante.
El magistrado Fernando Zóttoli determinó finalmente restituir provisoriamente la vivienda a Rivero, aplicar arresto domiciliario para Ángela Ale y ordenar prisión preventiva efectiva para Coronel mientras prosigue la investigación. Este enfrentamiento, atravesado por tensiones familiares, herencias disputadas y antecedentes violentos, continuará desarrollándose en el fuero penal.