Con el fantasma del desempleo masivo sobrevolando a miles de familias, los trabajadores de las plataformas digitales de mototaxi no se quedarán de brazos cruzados. Este jueves, mientras los concejales de San Miguel de Tucumán sesionen para dar luz verde a una polémica regulación del servicio, los conductores se movilizarán hacia el edificio del Concejo Deliberante con un claro mensaje: la normativa en debate los dejará sin su fuente de trabajo.
La convocatoria, difundida de manera urgente por redes sociales, no deja lugar a dudas sobre el temor y la indignación que recorre el sector. El texto dirige un llamado a todos los «socios conductores» para «brindar apoyo y trabajar juntos en revertir la situación actual». El núcleo del conflicto es una de las piedras angulares del dictamen que se votará: la prohibición expresa de que las motos registradas en otras jurisdicciones trabajen dentro de la Capital.
«La normativa propuesta contempla únicamente la posibilidad de operar dentro de Capital, lo que reduce de manera significativa la disponibilidad de trabajo, cupos y jurisdicciones donde podemos ejercer nuestra actividad», denuncia la convocatoria. Esta restricción no es un mero detalle técnico; es un muro que divide el área metropolitana y destruye el modelo laboral de miles. Significa que un conductor que vive en Tafí Viejo, Yerba Buena, Banda del Río Salí o cualquier localidad aledaña no podrá aceptar un viaje que se inicie en San Miguel de Tucumán, cortando de cuajo su principal mercado laboral.
La protesta iniciará a las 7 de la mañana en la cancha de Atlético Tucumán (25 de Mayo y Chile), desde donde se movilizarán hacia el corazón político de la ciudad, en Monteagudo y San Martín. Llegarán justo a tiempo para enfrentarse a una sesión donde se decidirá su futuro.
El proyecto que los ediles tratarán de aprobar no solo levanta barreras geográficas insostenibles. También crea un registro municipal y establece una serie de requisitos para los conductores, que si bien buscan dar un marco de seguridad, en la práctica operarán como un filtro que expulsará a muchos trabajadores informales. Sin embargo, la cláusula más destructiva es la que convierte en ilegales a los motoqueros del Gran Tucumán que hoy trabajan en la capital.
La movilización pone en evidencia la cara humana de una regulación que, según sus críticos, parece diseñada más para recaudar fondos para las arcas municipales y favorecer a las empresas de transporte tradicional –que ese mismo día podrían obtener un sustancial aumento tarifario– que para proteger a los trabajadores y usuarios. Los Uber Moto, el servicio de transporte más económico y dinámico de los últimos años, salen a la calle para gritar que no permitirán que los dejen sin trabajo con el solo acto de levantar una mano en el recinto.