Mientras los usuarios del transporte público se preparan para otro golpe al bolsillo con el inminente aumento del boleto de colectivo, el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán dispone otro ataque, esta vez contra una alternativa eficiente y económica: los servicios de mototaxi mediante plataformas digitales. Bajo el pretexto de la «regulación», se apronta a aprobar un proyecto que beneficiará descaradamente a los empresarios del transporte tradicional y a las arcas municipales, a costa de perjudicar a miles de trabajadores y usuarios.
El proyecto, que será tratado este jueves, es la respuesta política a las exigencias del sector empresarial del transporte. Horas antes de que se conociera el dictamen de la comisión de Transporte, Jorge Berreta, vicepresidente de AETAT, clamaba por «controles urgentes» para las plataformas, a las que tildó de «competencia desleal», y confirmaba la negociación para un aumento tarifario del boleto. La conexión es evidente: se busca desactivar a la competencia más dinámica y popular para allanar el camino a nuevas subas en un servicio público cuestionado.
La llamada regulación es, en realidad, un corset diseñado para asfixiar al servicio. Se establecerán cupos máximos de motos, limitando arbitrariamente la oferta en una ciudad con evidentes demandas de movilidad. Pero la medida más absurda y dañina es la que convertirá en delincuentes a los trabajadores de localidades aledañas: se les prohibirá terminantemente tomar un pasajero dentro de la Capital. Un conductor de Yerba Buena, Tafí Viejo o Banda del Río Salí podrá entrar solo para dejar a alguien, pero no para trabajar. Esta fragmentación artificial del área metropolitana perjudica directamente a los usuarios, que verán reducida la disponibilidad de vehículos, sufrirán mayores tiempos de espera y pagarán tarifas más altas debido a la escasez inducida.
El verdadero objetivo: recaudar y perseguir
Para la Municipalidad, el beneficio es doble. Por un lado, cobrará tasas por el registro obligatorio de plataformas y motos. Por otro, y más lucrativo, se prepara el campo para una cacería de inspectores contra los trabajadores. El proyecto prevé sanciones draconianas: secuestro de la motocicleta, multas, suspensión de registros e inhabilitación operativa. Dada la opacidad y los históricos señalamientos de corrupción que pesan sobre el cuerpo de inspectores de tránsito y el Tribunal de Faltas, es inevitable anticipar que estas herramientas se usarán para extorsionar y perseguir a conductores, especialmente a aquellos de otras jurisdicciones que «osen» trabajar en la Capital.
Miles de personas que encontraron en esta actividad un sustento honesto frente a la crisis, ahora serán tratados como infractores. La «seguridad vial» y el «ordenamiento» son la fachada para una operación que busca recaudar, controlar y favorecer a un sector empresarial que no compite mejorando su servicio, sino pidiendo más controles para sus competidores y más aumentos para la gente.
En resumen, el proyecto es un triple perjuicio: para el usuario, que pierde un servicio económico y eficiente; para el trabajador, que ve amenazado su empleo y será hostigado; y para la integración urbana, que retrocede con barreras jurisdiccionales absurdas. Solo gana la élite del transporte tradicional y una Municipalidad que ve en la restricción, no en la facilitación, su modelo de gestión. La locura, efectivamente, es total.