Una denuncia por presuntos delitos de cohecho, extorsión y armado de causas que involucrarían al jefe de la comisaría de Famaillá derivó en un allanamiento donde la Justicia secuestró numerosas pruebas. Entre ellas, más de ocho millones de pesos en efectivo que se encontraban en la vivienda del principal sospechoso.
Los hechos se remontan a la mañana del 6 de noviembre de 2024, cuando un grupo de policías irrumpió de manera violenta en una vivienda del barrio Nueva Baviera. La denunciante relató que los uniformados obligaron a los ocupantes a salir al patio sin exhibir en ningún momento la orden judicial que supuestamente autorizaba el procedimiento. Mientras tanto, su pareja y sus hijos menores permanecieron dentro de la casa bajo fuerte presión policial.
Según su testimonio, uno de los efectivos ingresó al baño, abrió una riñonera y manipuló un envoltorio, lo que provocó el grito desesperado de su pareja alertando que estaban «plantando algo». La policía aseguró que buscaban a un individuo apodado «Pañal», sospechoso de un hurto simple. Sin embargo, los registros oficiales demostraron posteriormente que el operativo en ese domicilio nunca estuvo vinculado a la detención del imputado, quien fue arrestado ese mismo día en otra dirección.
La situación escaló cuando, según la denuncia, el comisario a cargo del operativo exigió cinco millones de pesos para no complicar la situación procesal de la pareja de la denunciante, quien se encontraba con arresto domiciliario por comercialización de estupefacientes. Ante su imposibilidad de reunir esa suma, el jefe policial habría reducido la exigencia a tres millones e insinuado que su pareja «además debía vender droga para él».
La mujer afirmó haber conseguido parte del dinero y habérselo entregado personalmente al comisario. Relató que una abogada revisó su vehículo para verificar la entrega y que, una vez dentro de la vivienda, el jefe policial tomó la caja con el dinero y la ocultó entre sus ropas. Fue en ese momento cuando advirtió que su arma registrada -una Firestorm 380– había desaparecido.
En un segundo encuentro, la mujer fue citada para reunirse con el comisario en la vía pública, donde este la esperaba en un Fiat Cronos oscuro. Un testigo que la acompañó logró filmar parte de la escena. La fiscala Mónica García de Targa incorporó al expediente videos, audios, capturas de pantalla y registros electrónicos que documentan no solo los movimientos policiales, sino también las indicaciones de la abogada y fragmentos donde la denunciante señala directamente al jefe policial.
Un año después de la denuncia, el expediente llegó al despacho del juez Mario Velázquez, quien antes de analizar las pruebas advirtió un punto institucional: la requisitoria fiscal estaba firmada por un auxiliar fiscal. Señaló que la Constitución provincial prohíbe delegar atribuciones -«sin distingo alguno», subrayó- aunque aclaró que tal observación no implicaba cuestionamiento personal.
Al evaluar la prueba, el magistrado consideró que existían elementos suficientes para sospechar de un posible delito cometido por el comisario. Concluyó que el requerimiento fiscal era «formalmente ajustado a derecho» y habilitó un allanamiento amplio en la vivienda del acusado, autorizando el secuestro de dispositivos electrónicos, teléfonos, documentación, vehículos, objetos personales y, especialmente, la pistola perteneciente a la denunciante.
La medida se realizó en Concepción con intervención de la Policía Federal. Los agentes secuestraron dos notebooks, cinco teléfonos, un CPU LG, doce pendrives, un DVR y más de ocho millones de pesos en efectivo. Aunque el objetivo principal era hallar la pistola registrada a nombre de la mujer, esta no fue encontrada en el domicilio.
Velázquez además dispuso librar un oficio a WhatsApp Inc., con domicilio en California, solicitando la entrega de un caudal masivo de información del usuario en cuestión. Entre los datos requeridos figuran no solo los registros básicos, sino cruces de mensajes, direcciones IP utilizadas tanto para el inicio como para el cierre de sesión, junto con las fechas, horas y huso horario correspondiente.
El material fue remitido a la Unidad Fiscal para su análisis y peritaje. Tras el operativo, la causa avanza bajo la hipótesis de una posible red de corrupción policial. Hasta el momento, en el Ministerio de Seguridad de la provincia no hicieron declaraciones al respecto.