La desesperada ofensiva del diputado Carlos Cisneros contra el ministro fiscal Edmundo «Pirincho» Jiménez ha escalado hacia el ámbito nacional con dos movimientos estratégicos ejecutados esta semana en la Capital Federal. El primero consistió en una llamativa panfleteada frente al Palacio de Justicia de la calle Talcahuano, donde se desplegaron afiches que resucitan la teoría del «Triángulo del Poder en Tucumán» (foto), una narrativa que intenta presentar como una estructura de poder ilegítima la coordinación entre el exgobernador José Alperovich, el propio Jiménez y el presidente del Tribunal de Cuentas Miguel Terraf.
Paralelamente, se sumó a la campaña el reconocido abogado porteño Bernardo Saravia Frías, ex Procurador del Tesoro y Secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Hacienda durante la presidencia de Mauricio Macri, quien ha presentado un escrito institucional respaldando el pedido de juicio político contra Jiménez promovido por la madre de Karla Robles. La intervención de Saravia Frías no es casual: este mismo año el letrado patrocinó al propio Cisneros en una demanda contra el Estado Nacional, el ENRE y Transnoa S.A. por las torres de alta tensión en el predio del club Banco Provincia, lo que evidencia una relación profesional preexistente que ahora se extiende a esta nueva arremetida judicial.
Esta nacionalización del conflicto representa la culminación de una serie de estrategias fallidas que Cisneros ha implementado en Tucumán para frenar las causas judiciales que lo amenazan. Todo comenzó con un masivo bombardeo mediático desde los medios bajo su órbita directa o financiación –La Gaceta, Contexto, Enterate– que buscaba instalar la narrativa de persecución política y censura, replicando luego estos contenidos en medios nacionales como Infobae y Radio Mitre a través de periodistas como Claudio Savoia y Eduardo Feinmann.
Cuando esta táctica no logró los resultados esperados, el diputado bancario intentó generar apoyo en el ámbito legislativo provincial, pero sufrió un contundente rechazo cuando el gobernador Osvaldo Jaldo públicamente respaldó las decisiones judiciales y, en una sesión clave, apenas su cuñado Hugo Ledesma –actualmente investigado por desvío de mercadería de la Caja Popular de Ahorros– se alzó como su único defensor dentro del oficialismo, demostrando su absoluto aislamiento político.
Ante estos fracasos, Cisneros recurrió a la instrumentalización del trágico caso de Karla Robles, utilizando a su abogada Patricia Neme –quien además conduce el área legal de La Bancaria y está investigada en la causa por asociación ilícita por la presunta fabricación de pruebas contra futbolistas de Vélez– para promover un juicio político contra Jiménez. Sin embargo, esta maniobra también encontró escaso eco en la Legislatura provincial, lo que ha motivado esta última escalada hacia el ámbito nacional. La participación de Saravia Frías en esta campaña resulta particularmente significativa, pues su escrito institucional enfatiza la «gravedad institucional» del caso Robles mientras omite cuidadosamente cualquier mención a las graves causas que investigan a Cisneros por asociación ilícita y a Neme por su presunta participación en la manipulación de testigos y evidencia.
Esta estrategia de nacionalización ocurre en el contexto más crítico para Cisneros, quien enfrenta investigaciones por múltiples frentes: la causa por asociación ilícita que lo señala como cabecilla de una red para fabricar pruebas, los juicios de responsabilidad contra Ledesma por desvío de 26,8 millones de pesos en mercadería, la denuncia ampliada contra la Caja Popular por incumplir transferencias por 3.381 millones de pesos al sistema de salud, y la investigación sobre la presunta red de operadores que incluye abogados, testigos y periodistas. La campaña en Buenos Aires representa así el último recurso de un operador político acorralado que, habiendo agotado todas las instancias locales, busca en el escenario federal la presión necesaria para frenar las investigaciones que amenazan con desmantelar completamente su estructura de poder.