La Legislatura de Tucumán deberá tramitar un pedido de juicio político contra el ministro Fiscal Edmundo «Pirincho» Jiménez, en una presentación formulada por Mirta Isabel Giménez, madre de Karla Robles, la joven que se suicidó tras sufrir violencia de género. Sin embargo, lo que aparece como una demanda de justicia familiar encubre una nueva ofensiva del diputado Carlos Cisneros contra su principal adversario judicial: la representación legal de la madre está a cargo de Patricia Neme, la misma abogada que conduce el área legal de La Bancaria que lidera Cisneros y quien además está investigada en la causa por asociación ilícita que involucra al diputado por la presunta fabricación de pruebas contra los futbolistas de Vélez.
La solicitud de destitución, que alega «inhabilidad moral y técnica» contra Jiménez, reproduce punto por punto los argumentos que Cisneros ha venido utilizando en su campaña de desprestigio contra el fiscal, particularmente a través de sus medios afines. El escrito acusa a Jiménez de «negligencia en el ejercicio de sus funciones», «incumplimiento reiterado de obligaciones» y «actos de parcialidad manifiesta», cargos que coinciden notablemente con la narrativa construida sistemáticamente por el entorno del diputado bancario.
La utilización del trágico caso de Karla Robles -quien efectivamente realizó ocho denuncias que no fueron debidamente procesadas por el sistema judicial- representa un escalamiento en la estrategia de Cisneros para presionar judicialmente a Jiménez. Mientras el diputado enfrenta graves investigaciones por asociación ilícita y desvío de fondos públicos, su aparato legal busca ahora capitalizar un caso sensible de violencia de género para lograr lo que no ha conseguido en los tribunales: la remoción del fiscal que investiga sus actividades.
La presencia de Patricia Neme como abogada patrocinante en esta causa no es casual. La letrada no solo conduce los intereses legales del sindicato que controla Cisneros, sino que aparece mencionada en la investigación del juez Bernardo Lerario Babot como presunta partícipe en la coordinación de testigos y eliminación de mensajes en la causa armada contra los futbolistas. Su involucramiento en este juicio político contra Jiménez evidencia una estrategia coordinada para utilizar todos los frentes legales disponibles en la pulseada personal entre Cisneros y el fiscal.
El pedido de juicio político solicita a la Comisión correspondiente que proceda al estudio inmediato del caso, abra la etapa probatoria y eleve la acusación al Tribunal de la Legislatura, buscando la destitución de Jiménez y su declaración como «incapaz de ocupar ningún puesto de honor o a sueldo de la Provincia». Sin embargo, más allá del legítimo reclamo de justicia por el caso Robles, la maniobra muestra las huellas digitales de un operativo jurídico-político destinado a eliminar al principal obstáculo que enfrenta Cisneros en su cada vez más complicada situación judicial.
Esta movida se produce en simultáneo con otras acciones legales promovidas por el entorno de Cisneros, incluyendo la reciente contratación del abogado mediático Fernando Burlando y los recursos presentados contra la medida que limita las críticas a la justicia en los medios. Mientras las causas por asociación ilícita, desvío de mercadería y malversación de fondos de la Caja Popular avanzan, el diputado bancario despliega su último arsenal: utilizar casos sensibles de violencia de género como ariete para descabezar al Ministerio Público Fiscal que lo investiga.