El Poder Ejecutivo provincial inyectó 700 millones de pesos adicionales en subsidios a la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) para sostener el servicio durante octubre, apenas veinte días después de haber asignado 4.900 millones para el mismo fin. La medida, formalizada mediante el Decreto 3173/8 firmado por el ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur, eleva el total destinado al sector el mes pasado a 5.600 millones.
Esta nueva erogación se produce en un contexto de extrema tensión en el transporte público. La semana pasada, un conflicto en la Capital tucumana paralizó el servicio, dejando varados a miles de usuarios. Si bien las negociaciones entre la Municipalidad, el Concejo Deliberante, AETAT y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) lograron un acuerdo, la gestión de la intendenta Rossana Chahla enfrenta dificultades para cumplir con las demandas de fondos de los empresarios. Este escenario contrasta con la relación fluida que el sector mantiene con el Gobierno de Osvaldo Jaldo.
El decreto, publicado en el Boletín Oficial, invoca la Ley N° 9.773 que prorrogó hasta el 31 de mayo de 2026 la Emergencia del Servicio Provincial de Transporte Público. En sus fundamentos, el Estado provincial argumenta que busca «asegurar el normal acceso de la población al mencionado servicio» y limitar el impacto de la crisis del sector, agravada por el incremento en los precios de insumos, repuestos y el costo laboral.
Para agilizar el desembolso, la normativa delega en la Secretaría de Estado de Transporte y Seguridad Vial la facultad de autorizar este adicional con celeridad administrativa. Los fondos se canalizarán a través de AETAT hacia las empresas prestatarias de jurisdicción provincial.
Paralelamente, el Ejecutivo concedió otra medida clave para el sector. A través del Decreto N° 3156/8, firmado por los ministros Daniel Abad (Economía y Producción) y Nazur, se amplió el plazo de pago de los contratos de leasing por 100 colectivos cero kilómetro adquiridos en 2024 por más de 17 millones de dólares.
La resolución extiende el plan de pagos de 36 a 54 meses y establece un período de gracia de seis meses, de octubre de 2025 a marzo de 2026. Esta modificación evita la devolución de las unidades que habían sido distribuidas a las empresas de AETAT en febrero pasado.
La solicitud de la asociación empresarial se basó en la «difícil situación que atraviesa el sector», citando la caída de la demanda, el trabajo virtual, la proliferación de medios alternativos de transporte y los incrementos en los costos de prestación del servicio. Un informe técnico de la Dirección de Programación Económica del Ministerio de Economía avaló la viabilidad de la ampliación.
Estas decisiones reflejan la estrategia del Gobierno de Jaldo para mantener operativo un servicio público esencial, en un equilibrio precario entre demandas sindicales, limitaciones municipales y presión económica. Sin embargo, persisten interrogantes sobre la sostenibilidad a largo plazo de estas inyecciones de fondos en un sistema cuya emergencia está prorrogada hasta 2026, revelando grietas estructurales que trascienden las negociaciones coyunturales.
