La pulseada del diputado Carlos Cisneros contra el ministro fiscal, Edmundo «Pirincho» Jiménez, para evitar enfrentar a la Justicia en distintas causas judiciales, tuvo este jueves el más patético y público de los rounds disputados hasta aquí.
En la sesión de este jueves quedó en absoluta evidencia la total pérdida de apoyo del oficialismo provincial al bancario. Apenas su cuñado y ahijado político, Hugo Ledesma, defendió a Cisneros en la Cámara. Los otros 3 fueron radicales, súbitos críticos de Pirincho.
La sesión legislativa presidida por Sergio Mansilla se convirtió en el escenario donde quedó al descubierto el fracaso de la estrategia de Cisneros para consolidar un frente político que lo respalde en su conflicto con el Ministerio Público Fiscal. Mientras el diputado enfrenta múltiples causas judiciales -desde la investigación por asociación ilícita en el caso Vélez hasta los recientes juicios de responsabilidad contra su cuñado Ledesma por desvío de mercadería y la ampliación de la denuncia penal por el incumplimiento de la Caja Popular en transferencias al sistema de salud por $3.381 millones- el oficialismo peronista optó por el silencio.
El debate, que revivió las «manifestaciones de orden general» después de varios encuentros sin ellas, expuso la profunda soledad política de Cisneros. Solo Hugo Ledesma, actualmente investigado por su rol como subinterventor de la Caja Popular de Ahorros durante las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas, alzó su voz en defensa del dirigente bancario. Los otros tres oradores –Silvia Elías de Pérez, José Cano y Agustín Romano Norri– pertenecen al radicalismo, históricos socios circunstanciales de Cisneros.
Elías de Pérez abrió el fuego calificando a Jiménez como «Voldemort judicial», en una metáfora que retrataría la autocensura que generaría su liderazgo. «Les vengo advirtiendo desde hace mucho tiempo sobre este personaje oscuro al que hoy lo han transformado en jefe de fiscales en esta provincia. Un hombre que acumula poder e impunidad absoluta», afirmó.
Ledesma, único referente peronista que aludió al hecho, intentó vincular la censura con un patrón de impunidad en casos de violencia de género, aunque omitió mencionar que él mismo enfrenta serias acusaciones por el manejo irregular de fondos públicos durante su gestión en la Caja Popular. «Venimos siendo allanados ilegalmente, vamos siendo silenciados con censuras previas con medidas inconstitucionales donde demuestra que el Ministerio Público no le interesa ni la justicia ni la ley, sino solo actúa en defensa de Pirincho Jiménez», declaró.
José Cano, cuyo pedido de auditoría judicial coincide sospechosamente con la estrategia defensiva de Cisneros en la causa por asociación ilícita, vinculó la resolución a fallas estructurales en el Poder Judicial. «El mensaje es: al que habla, al que denuncia, al que pide una auditoría le arman una causa, le promocionan una denuncia falsa con plata de los tucumanos», sostuvo.
El escenario legislativo demostró que Cisneros ha perdido incluso el apoyo del gobernador Osvaldo Jaldo, quien días atrás había exhortado a «respetar las decisiones» de la Justicia en clara alusión al conflicto entre el diputado y Jiménez. La ausencia de legisladores oficialistas en el debate -con la excepción de Ledesma- confirma que el bancario deberá enfrentar sus crecientes problemas judiciales sin el respaldo del peronismo tucumano, dependiendo únicamente de sus aliados radicales en lo que parece ser una batalla política cada vez más desigual.
La sesión no solo mostró la incapacidad de Cisneros para consolidar apoyo dentro de su propio espacio político, sino que evidenció el fracaso de su estrategia de contraofensiva mediática contra Jiménez, que incluyó la movilización de sus medios afines y la réplica en algunos medios nacionales, pero que no logró traducirse en respaldo concreto en el ámbito legislativo. Y, sobre todo, en el oficialismo provincial que está preocupado por otras cuestiones más importantes que los problemas judiciales del bancario.