La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) alertó sobre una práctica que amenaza la estabilidad del sistema de seguros laborales. Según la entidad, la intervención sin control de peritos judiciales en causas por accidentes de trabajo está generando un colapso, al inflar sistemáticamente los montos indemnizatorios.
Mara Bettiol, presidenta de la UART, fue contundente al señalar que esta situación no solo perjudica al sistema de ART, sino que también atenta contra la generación de empleo formal en el país. La crítica se centra en el mecanismo de remuneración de estos profesionales.
Los peritos, que son externos y actúan sin supervisión, establecen los porcentajes de incapacidad en los juzgados laborales. El conflicto de interés es evidente: sus honorarios están ligados, directa o indirectamente, al resultado del juicio. Este vínculo financiero, denuncia la Cámara, incentiva la sobrevaluación de las incapacidades.
Estos peritos aplican criterios propios para fijar los porcentajes, desviándose de los parámetros establecidos. Peor aún, según la UART, los jueces laborales avalan estas desviaciones en la casi totalidad de los casos. A los montos resultantes se les aplican luego actualizaciones y tasas de interés que las aseguradoras califican de imposibles de financiar.
La consecuencia es una multiplicación de juicios con indemnizaciones infladas. Este fenómeno eleva los costos laborales, desincentiva la formalización y, en última instancia, pone en jaque al sistema que protege tanto a empresas como a trabajadores.
Frente a este escenario, la UART exige una solución contemplada en la Ley 27.348: la conformación de Cuerpos Médicos Forenses o Cuerpos Periciales oficiales. La no implementación de estos cuerpos, argumentan, perpetúa la discrecionalidad histórica de los peritos en la valuación de las incapacidades, un vacío legal que está siendo explotado en perjuicio del sistema.
