El gobierno provincial de Tucumán ha destinado un importante refuerzo económico al sector del transporte automotor mediante la autorización de un subsidio de $4.900 millones. La medida fue formalizada a través del Decreto N° 2951/8, rubricado por el ministro Marcelo Nazur, y se dio a conocer en la última edición del Boletín Oficial.
Esta asignación de fondos, que constituye un apoyo recurrente, se produce en un contexto de fuerte disputa en el área metropolitana. La compensación, correspondiente al mes de octubre de 2025, será administrada por la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (A.E.T.A.T.).
El marco normativo para esta transferencia se sustenta en la Ley N° 9.773, que extendió hasta el 31 de mayo de 2026 la Emergencia del Servicio Provincial de Transporte Público Automotor.
En sus fundamentos, la normativa destaca el compromiso del Estado de «garantizar el acceso regular de la población a este servicio esencial, manteniendo su carácter de prestación obligatoria para cubrir necesidades colectivas fundamentales». La finalidad declarada es «mitigar los efectos de la crisis del sector, originada por el aumento en los costos de insumos, repuestos, mantenimiento, servicios externos y mano de obra».
La inyección de capital provincial ocurre mientras se desarrolla un enfrentamiento que involucra a las empresas agrupadas en AETAT, el sindicato Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la comuna capitalina, liderada por Rossana Chahla.
El origen de la crisis fue la medida de AETAT de suspender aproximadamente a 150 empleados, fundamentando una situación financiera crítica, lo que motivó a la UTA a convocar un paro de colectivos para este jueves. La protesta, que comenzó a la medianoche, impacta de manera exclusiva en los recorridos urbanos (líneas 1 a 19).
La situación se agravó tras el fracaso de una audiencia conciliatoria en la Secretaría de Trabajo, donde AETAT confirmó las suspensiones rotativas de conductores. Los empresarios reclaman a la Municipalidad el otorgamiento de subsidios complementarios y la adopción de un esquema de pago por kilómetro recorrido. Desde el municipio, la secretaria de Gobierno, Camila Giuliano, manifestó que cumplir con estas demandas representaría un gasto mensual de $2.000 millones, una cifra que calificó como inasumible.
Estas exigencias al gobierno local se hicieron públicas inmediatamente después de las elecciones del 26 de octubre, y las fricciones desencadenaron incluso un cese de actividades sorpresivo de tres horas durante la jornada de ayer, que dejó a numerosos pasajeros sin servicio, culminando con una movilización y el «asedio» a la Intendencia por parte de unidades afiliadas a la UTA. Frente a este escenario, Giuliano afirmó que el conflicto es una «cuestión laboral entre esas dos partes» y sostuvo que «la Municipalidad no tiene competencia sobre ello», aunque solicitó a la UTA que reconsiderara la medida por el perjuicio a los usuarios.
A pesar del intento de diálogo y el requerimiento municipal, el secretario general de UTA, César González, ratificó la medida de fuerza en asamblea, sosteniendo que las suspensiones «repercuten en aproximadamente el 40% del salario de los trabajadores, y no vamos a aceptar que eso suceda».
Invitación al consenso
Recientemente, el gobernador Osvaldo Jaldo se refirió a la compleja situación del transporte e instó a la serenidad y al diálogo. El mandatario provincial resaltó la disposición del Ejecutivo y del municipio de San Miguel de Tucumán para «contribuir a que los colectivos continúen operando con normalidad».
Jaldo alertó que «el conflicto no se resuelve interrumpiendo la comunicación» y que si el diálogo se corta, «los desacuerdos trascienden a la vía pública y terminan afectando a terceros, a familias que se desplazan a sus trabajos y que ya enfrentan complicaciones económicas».
El gobernador fue contundente al identificar la responsabilidad del Gobierno nacional en la crisis: «La Nación se desligó del transporte público de pasajeros en las provincias. De no ser por la contribución provincial, Tucumán carecería de transporte público». Sobre la propuesta empresarial de cambiar al sistema de pago por kilómetro, Jaldo se mostró cauteloso, señalando que el problema central continúa siendo «los recursos» y no el método de pago.
Finalmente, el gobernador hizo un llamado a la corresponsabilidad: «Los empresarios deben comprender la realidad económica del país, los trabajadores de UTA tienen que preservar las fuentes laborales, y nosotros, como autoridades, debemos realizar todos los esfuerzos para no dañar al usuario. En esencia, nuestra labor es garantizar el transporte público y proteger a los más de 600 mil tucumanos que lo utilizan diariamente».