En el marco de la disputa entre la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) y el sindicato de UTA, que este jueves generó la interrupción del servicio de colectivos para miles de tucumanos, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán mantuvo una reunión con integrantes de la Federación de Organizaciones en Defensa de los Consumidores y Usuarios (FODECUS) para evaluar las consecuencias de la medida y coordinar estrategias que protejan los derechos de los pasajeros.
La convocatoria, que tuvo lugar en el edificio municipal ubicado en 9 de Julio y Lavalle, contó con la presencia de la secretaria de Gobierno, Camila Giuliano, y el secretario de Movilidad Urbana, Benjamín Nieva, quienes mantuvieron un intercambio con el presidente de FODECUS, José García. En el transcurso del encuentro, coincidieron en que las acciones tomadas por las empresas del sector, que incluyeron suspensiones de empleados y la posibilidad de reducir frecuencias, desembocaron en la huelga decretada por UTA y afectan de forma inmediata a numerosos ciudadanos que utilizan el transporte público.
“Siguiendo instrucciones de la intendenta, la doctora Rosana Chahla, contactamos rápidamente a los referentes de FODECUS ya que consideramos que los principales afectados en este conflicto son los usuarios”, manifestó Giuliano. “La problemática del transporte colectivo no puede continuar perjudicando a las personas que requieren del colectivo para trasladarse a sus empleos o centros de estudio. La comuna tiene como prioridad al vecino y no puede verse sometida a diferencias entre actores privados”, agregó.
La funcionaria hizo hincapié en que la Municipalidad está destinando recursos significativos para optimizar el sistema —entre ellos, la colocación de dispositivos de localización y cámaras en los vehículos, así como el acondicionamiento de vías y paradas— y recalcó que “las empresas deben cumplir con su parte en cuanto a la calidad del servicio que brindan”.
A lo largo de la reunión, se estableció la necesidad de incrementar la intervención de la comunidad en las determinaciones sobre el transporte público. “Trabajamos para que los delegados de FODECUS actúen como voceros y garantes de los usuarios, canalizando quejas y peticiones”, afirmó Giuliano.
Por otro lado, José García, líder de FODECUS, valoró la apertura del municipio, aunque dirigió sus críticas hacia los empresarios del rubro. “Resulta incómodo que, cerca de finalizar el año, las compañías reiteren pedidos de subsidios y aumentos tarifarios, mientras no se observa intención de invertir ni de modernizar la flota. El ciudadano abona por un servicio que se deteriora progresivamente”, cuestionó.
El representante además exigió que se incorpore a los usuarios en las mesas de debate del sistema. “Los principales desaciertos ocurren por la falta de participación del usuario. No es aceptable que únicamente dialoguen el sindicato, las empresas y el Estado; casualmente, ninguno de ellos se moviliza en colectivo. El usuario tiene mucho para aportar”, remarcó.
Para finalizar, Giuliano subrayó que la opinión de los usuarios será considerada en las próximas resoluciones sobre el sistema. “En esta controversia se expresan las empresas y los trabajadores, pero resulta esencial atender al usuario. La municipalidad continuará enfocándose en el ciudadano”, finalizó.
