El legislador opositor José Cano presentó una solicitud de auditoría al presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Leiva, sobre las actuaciones en la causa por abuso sexual contra ex jugadores de Vélez. Este pedido se produce en un contexto donde Cano aparece subordinando su acción política a los intereses del polémico dirigente Carlos Cisneros, actualmente involucrado en una grave denuncia por asociación ilícita para perjudicar a esos mismos futbolistas.
En su presentación, Cano solicitó que se determine si existieron “dilataciones incausadas” por parte de los actores jurisdiccionales, especialmente el Ministerio Público Fiscal, y que se analice si se cumplieron los recaudos para prorrogar la investigación. El legislador fundamentó su pedido en la “altísima sensibilidad” del caso, argumentando la necesidad de “celeridad” y “transparencia”.
Sin embargo, esta aparente preocupación institucional encubre una maniobra que beneficia directamente la estrategia jurídica de Carlos Cisneros. El diputado nacional de Unión por la Patria y Secretario de La Bancaria es señalado en una contundente contradenuncia de 61 páginas, radicada por la defensa de uno de los jugadores, José Ignacio Florentín Bobadilla, de haber encabezado una “organización criminal” para manipular testigos, eliminar evidencias y corromper al sistema judicial tucumano con el fin de fabricar la acusación contra los cuatro futbolistas.
La solicitud de Cano, que cuestiona las demoras y pide examinar las pruebas, coincide sospechosamente con los objetivos de la estructura ilícita atribuida a Cisneros: presionar sobre el ritmo y el fondo de la causa para consolidar la versión acusatoria. Las pruebas más contundentes de la contradenuncia – conversaciones de WhatsApp recuperadas mediante pericias forenses que los implicados creían eliminadas – revelarían que “el Sr. Cisneros fue el artífice de la denuncia falsa” y que intervino en “numerosas maniobras delictivas tendientes a ocultar y alterar evidencia”.
Además, la denunciante es empleada de La Caja Popular de Ahorros, entidad cuyo gremio está a cargo de Cisneros, y los abogados que la representan, Patricia Neme y Franco Venditti, forman parte del staff legal de dicha entidad y “fueron puestos” por el propio dirigente. Al solicitar una auditoría que cuestione la investigación, Cano actúa funcionalmente a los intereses de este aparato montado desde la estructura sindical y política de Cisneros, buscando desviar la atención sobre las graves irregularidades y delitos por los que el diputado oficialista está siendo investigado.
Así, la presentación del legislador radical no es una mera expresión de “preocupación institucional”, sino un movimiento político que se subordina a las necesidades de un dirigente polémico, acusado de orquestar una asociación ilícita para perjudicar a jugadores de fútbol mediante una causa judicial inventada.