Bajo la excusa de «ordenar» el sistema, la legisladora impulsa una norma que restringe la competencia y fortalece al oficialismo, mientras ignora demandas históricas de transparencia.
En medio de un renovado y súbito interés por la «transparencia electoral», la legisladora justicialista Carolina Vargas Aignasse presentó un proyecto de reforma política que, lejos de atacar los vicios de fondo que distorsionan la democracia tucumana, parece diseñado para consolidar las ventajas del partido gobernante y estrangular a cualquier expresión opositora emergente.
La iniciativa, que cuenta con el aval explícito del gobernador Osvaldo Jaldo y su vice, Miguel Acevedo, se enfoca en regular los «acoples» –esas alianzas electorales que en el pasado permitieron al oficialismo sumar votos de manera flexible– pero lo hace con una pinza quirúrgica que solo afecta a los más débiles. El núcleo de la propuesta de Vargas Aignasse es permitir los acoples solo a partidos con trayectoria en «al menos dos de las tres elecciones provinciales consecutivas anteriores».
Una solución que perpetúa el problema
La reforma es presentada como una respuesta al «caos, confusión y desorden» en los centros de votación, un problema real que los tucumanos han padecido por años. Sin embargo, la solución no es eliminar las prácticas que generan ese caos, sino restringir la participación. Se critica la «proliferación de partidos efímeros», pero no se toca el corazón del clientelismo y la maquinaria estatal que el oficialismo utiliza para financiar sus campañas y asegurar su victoria.
En sus propios fundamentos, la legisladora admite que una eliminación total de los acoples es «prácticamente inviable», no por una cuestión de principios, sino porque la Constitución provincial los consagra. Este reconocimiento revela la verdadera intención: no se busca una reforma profunda y democratizadora, sino un reacomodamiento táctico. El oficialismo no quiere soltar la herramienta, solo quiere asegurarse de que sea suya y de unos pocos aliados permitidos.
La deuda eterna con el pueblo tucumano
Resulta cínico que este proyecto surja ahora, cuando la provincia arrastra una deuda en esta materia desde 2015, tras las elecciones que fueron un «escándalo de colectoras salvajes». En ese entonces, se prometió el «Tucumán Dialoga», un espacio de consenso que, como tantas otras promesas, se evaporó en «enunciados grandilocuentes». Una década después, el mismo establishment político que generó el problema ofrece una solución a su medida.
Mientras Vargas Aignasse argumenta que su proyecto fomenta un marco de «orden» para evitar la «atomización innecesaria», lo que en realidad hace es erigir una barrera de entrada para nuevas fuerzas políticas. Se protege a los partidos tradicionales –especialmente al PJ en el poder– y se margina a cualquier ciudadano o agrupación que pretenda desafiar el status quo sin una estructura burocrática ya consolidada.
Conclusión: Más de lo mismo
La gestión de Vargas Aignasse y del PJ tucumano en materia electoral no es una gestión de modernización, sino de conservación. Es una mala gestión que, bajo un manto de tecnicismos legales, busca seguir beneficiando a su partido político en desmedro del pueblo tucumano. Se ignora el clamor por una democracia más transparente y representativa, y se opta por una reforma que consolida el poder de los mismos de siempre, garantizando que la voz del oficialismo siga siendo la única que realmente resuene en los pasillos de la Legislatura.
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