Comerciantes presentaron en Juzgado Federal pruebas que incluyen transferencias a nombre de Trimarco y audios donde presionaría con allanamientos. La situación contrasta con la participación de su fundación en un curso internacional de derechos humanos.
Una contundente denuncia judicial sacude a la Fundación Marita Verón luego de que inquilinos de locales en el Bajo tucumano presentaran ante el Juzgado Federal audios, transferencias bancarias y mensajes que comprometerían a Susana Trimarco en el alquiler irregular de propiedades estatales.
🚨 ÚLTIMO MOMENTO 🔴
🚨 Alquiler vergonzoso
🚨 2) Escuchen los audios
🚨 Amenaza, cobran intereses, amenaza con allanamientos y soborna a la Justicia Federal‼️‼️
🚨 Ya basta ‼️‼️‼️ https://t.co/9yCkHIxweK pic.twitter.com/jfCs4XRXkG
— Cesar Juarez (@cesarJuarez10) October 30, 2025
Las pruebas: transferencias y audios reveladores
Los denunciantes aportaron al juzgado federal comprobantes de transferencias bancarias a nombre de Susana Trimarco por un total de 3 millones de pesos, correspondientes al alquiler de locales que, según alegan, la dirigente no tenía derecho a alquilar.
Pero lo más impactante son los audios presentados como prueba, donde una voz que identifican como de Trimarco revelaría un patrón de presión y coerción:
- En uno de ellos, supuestamente pide a una inquilina que «mienta sobre los locales alquilados», diciendo que «era un emprendimiento que ellos trabajaban ahí» y no un alquiler por 3 millones.
- En otro audio, exige el pago de 54.000 pesos, calificando a los inquilinos como «sinvergüenzas y descarados», y afirmando que «sujetaba al fiscal» para que se realicen allanamientos. Que no la conocía cuando se enojaba. Si luchó con la chancha Ale no iba a hacerlos meter presos a ellos.
- En una grabación particularmente grave, menciona tener «la orden de allanamiento» y amenaza: «el lunes le sacaban todas las cosas a la calle» si no recibía el pato.
- Hace referencia a la fiscal María Alejandra Facetti como «tesorera de la fundación» y al Dr. Lucena como «representante del ministerio de justicia de la nación».
Contexto operativo
La denuncia se produce en el marco de los allanamientos realizados este miércoles por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, donde se rescataron a siete mujeres de un prostíbulo en la zona sur de Tucumán y se detuvo a una mujer señalada como presunta dueña del lugar. La Fundación «María de los Ángeles» había intervenido en esta investigación.
Las acusaciones centrales
Los querellantes acusan a Trimarco de:
- Alquilar propiedades del Estado para emprendimientos privados, contradiciendo el destino original de asistencia a víctimas de trata.
- Presionar a inquilinos mediante amenazas de allanamientos y desalojos.
- Solicitar a los comerciantes que falseen información sobre la naturaleza del contrato.
Expectativa judicial
La presentación judicial queda ahora en manos del fuero federal, que deberá determinar la procedencia de las acusaciones y la autenticidad de las pruebas presentadas. Los denunciantes exigen que «la Justicia Federal actúe ya» frente a lo que califican como «un alquiler vergonzoso» y un «fraude» que, aseguran, «se desmorona a pedazos».
El caso plantea serios cuestionamientos sobre la administración de propiedades estatales asignadas a organizaciones de la sociedad civil y la supervisión de su uso final.