La progresiva opacidad que ha empañado los procesos electorales en Tucumán desde el regreso de la democracia, y que este domingo buscará ser contrarrestada con la implementación histórica de la boleta única, no es más que un reflejo de una erosión institucional más profunda. El ejemplo más claro de esta decadencia se ha hecho visible en el seno mismo de la Asociación de Magistrados de Tucumán (AMT), la entidad que agrupa a aquellos jueces y funcionarios elegidos para impartir justicia y velar, precisamente, por la salud de las elecciones provinciales. Esta agrupación, que en teoría debería contar con los miembros más probos del Poder Judicial, se ha visto envuelta en un escándalo que pone en tela de juicio su propia transparencia.
El conflicto estalló a raíz de la derrota que sufrieron los candidatos oficialistas en la elección de representantes ante el Consejo Asesor de la Magistratura. En respuesta a este resultado, un grupo significativo de jueces, fiscales y defensores ha interpuesto una solicitud formal de informes ante la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia, dirigida contra la conducción de la AMT a cargo de la doctora Marcela Ruiz. En su fundamentación, los magistrados advierten de manera explícita sobre una «falta de información por parte de las autoridades durante los últimos 10 años», un señalamiento grave que cuestiona toda una década de gestión.
Los peticionantes, que se dividen entre socios activos de la AMT y quienes renunciaron o nunca se asociaron, argumentan que actúan en virtud de un «interés legítimo» derivado de sus cargos públicos. Aquellos que aún son socios sostienen que detentan un derecho subjetivo a estar informados sobre la regularidad y legalidad del funcionamiento de la asociación, para no avalar tácitamente actos societarios irregulares por desconocimiento. Por su parte, los magistrados no asociados explican que su interés radica en querer integrar o reintegrarse a la AMT, pero sólo si pueden asegurarse previamente de que la institución opera dentro de un marco de legalidad, algo que, según alegan, ha sido imposible verificar debido a la opacidad de la última década.
El petitorio completo, que desarrollan en diez puntos, es una exigencia de rendición de cuentas sin precedentes y abarca desde la solicitud del estatuto vigente y todas sus modificaciones desde 2015.
Este es el petitorio completo:
1) Estatuto vigente y sus modificaciones desde el año 2015 hasta la actualidad.
2) Nómina de autoridades vigentes con fecha de inicio y finalización de mandatos desde el año 2015 hasta la actualidad.
3) Balances e inventarios aprobados desde el año 2015 hasta la actualidad.
4) Actas de asambleas ordinarias y extraordinarias desde el año 2015.
5) Auditorías internas y externas desde el año 2015 hasta la actualidad.
6) El normal funcionamiento y observaciones en caso de existir.
7) Cronogramas electorales desde el año 2015 hasta la actualidad.
8) Notificaciones de convocatoria a elecciones.
9) Fecha de próximas elecciones para renovación de mandatos.
10) Nómina de socios activos.
Vicios desde el comienzo
Este reclamo no surge de la nada, sino que es la consecuencia directa de un escándalo inaugural que estalló el jueves 2 de octubre, justo antes de los comicios. Todo comenzó cuando, tras el plazo establecido para la presentación de listas ante el Consejo Electoral, los candidatos de las dos listas opositoras se enteraron de que existía una tercera candidatura, la de Alberto Acosta y María Alejandra Balcazar, vinculada a la conducción de Marcela Ruiz. La sorpresa fue mayor al constatar que, según los registros, esta lista se había presentado con lapicera y de manera apresurada a las 12.55, aunque las cámaras de seguridad de la oficina no lograban captar a ninguna persona física entregando la documentación en ese horario.
La indignación fue inmediata y el escándalo obligó a la intervención de miembros de la Corte y del Ministerio Público Fiscal en un intento fallido por calmar las aguas. Las consecuencias fueron tangibles: el juez Gonzalo Ortega y la fiscal Mariana Rivadeneira renunciaron a sus postulaciones, argumentando que no existían condiciones para un comicio transparente. Mientras tanto, la lista de los fiscales Daniel Marranzino y Carlos Saltor presentó una nota formal solicitando la suspensión de las elecciones y cuestionando la legitimidad de la lista oficialista.
(En la foto, el gobernador Jaldo y la doctora Ruiz durante el último encuentro en Casa de Gobierno)
Además, pidieron que se habilitara una mesa de votación en el Fuero Penal para garantizar una participación más amplia, una solicitud que también fue rechazada por la Junta Electoral, la cual se limitó a afirmar que no era facultad de dicho consejo modificar lo dispuesto por la Corte. La tensión llevó a los fiscales a evaluar la presentación de un amparo electoral e incluso una denuncia penal, mientras el oficialismo, a través de sus apoderados, emitía un comunicado rechazando toda «especulación» y defendiendo la legitimidad de su candidatura. Este episodio, que dejó al descubierto las profundas grietas y las luchas de poder interno, es el germen de la actual y formalizada demanda de transparencia contra las autoridades salientes de la AMT.
A continuación, la presentación de los magistrados y funcionarios perjudicados por la administración saliente de la AMT:
